Nueve organizaciones de ambientalistas denunciaron este viernes la inacción y los “graves incumplimientos” por parte del gobierno de Panamá en el cierre de la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, propiedad de la compañía canadiense First Quantum Minerals.
“Queremos alertar a la ciudadanía sobre los graves incumplimientos y omisiones en los que está incurriendo el Órgano Ejecutivo dentro del proceso de cierre”, advirtió Alibel Pizarro, de la organización CEASPA, en conferencia de prensa junto a representantes de los grupos ambientalistas.
Después de casi un mes de multitudinarias manifestaciones, la Corte Suprema de Panamá inhabilitó en noviembre de 2023 a First Quantum Minerals para continuar la explotación de la mina situada en la costa del Caribe, donde obtenía 300,000 toneladas anuales de concentrado de cobre.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas responsabilizan al gobierno panameño de no cumplir el plan de cierre, que aumenta la vulnerabilidad del Estado panameño ante el arbitraje internacional impuesto por la empresa después de la orden judicial.
Guido Berguido, de Adopta Bosque Panamá, no descartó que volverán a las “calles de ser necesario”. “No ha hecho nada, más que permanecer en silencio con escuetos comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales”, insistió.
Los ambientalistas advirtieron que hay riesgos de deslave en la zona minera con el ingreso del invierno. Además, recordaron que el 7 de marzo vencerá la cobertura de cumplimiento ambiental del proyecto, por un valor de $108 millones, pero el Ejecutivo panameño no ha emitido ni publicado resoluciones para subsanar la infracción o exigir la fianza.
Según los denunciantes, la empresa espera un nuevo gobierno para renegociar el contrato. La minera representaba un 75 % de las exportaciones panameñas y un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La Oficina de Inteligencia Comercial reporta que las exportaciones de cobre de Panamá cayeron a noviembre de 2023 en $41 millones, un 1.6 %, precisamente por el cierre de la minera. Los envíos de minerales metalíferos superaron los $2,460 millones.