Una investigación ha lanzado una severa advertencia ambiental: en 2 décadas, Nicaragua podría quedarse sin bosques si continúa la actual tasa de deforestación, que se sitúa en un 1.2% anual. Esto equivale a la pérdida de 170,000 hectáreas cada año.
“Los datos oficiales apuntan a 150,000 hectáreas, pero nuestros cálculos indican más de 170,000 hectáreas anuales de deforestación”, explicó el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, durante la presentación del informe “Análisis de la corrupción en el sector forestal de Nicaragua”.
El documento, elaborado por el Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia, dice que la mafia del régimen sandinista con empresarios están destruyendo los bosques.
Según Ruiz, “al ritmo de la tasa de deforestación que han advertido estudios independientes, calculamos que el 24 % de la cobertura forestal que queda se perderá a un ritmo del 1.2 % por año”.
A pesar de que todavía queda el 24 % de la cobertura forestal, la situación es crítica.
El informe revela hallazgos preocupantes de corrupción en el sector forestal, identificando a los actores involucrados en el proceso de extracción de madera en el país.
Desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, la concentración del poder ha facilitado la corrupción en este ámbito.
En junio de 2006 se estableció la Ley 589, que prohibía el corte, aprovechamiento y comercialización de varias especies forestales como caoba, cedro y pino. Sin embargo, un año después de que Ortega asumiera la presidencia, esta ley fue anulada por decreto presidencial.
“El régimen vino decretando o estableciendo decretos para ir anulando una ley que tenía un sentido de protección y conservación”, explicó Ruiz.
Estas modificaciones, llevadas a cabo sin transparencia, han favorecido los intereses empresariales y comerciales, aumentando la deforestación en áreas protegidas y reduciendo la disponibilidad de agua.
“Estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, han sido favorables a los intereses empresariales y comerciales, generando aumento en los procesos de deforestación del pino en áreas protegidas y en las partes altas de las cuencas, disminución de la disponibilidad de agua y aumentando la degradación de los bosques naturales, particularmente en la región de Las Segovias y del Caribe Norte del país”, detalló Ruiz.
Actualmente, existen al menos 29 normas jurídicas vigentes para el sector forestal, incluyendo leyes, decretos ejecutivos, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.
Hasta 2022, había 110 industrias forestales en todo el país, concentrándose el 30% en Nueva Segovia y el 16 % en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
En 2022 se otorgaron 1007 permisos, con un volumen autorizado de 98,389 metros cúbicos, de los cuales el 64% procedía de Nueva Segovia y la RACCN.
Ruiz también destacó el riesgo que representa la entrada de empresas chinas en el sector forestal.
“Ortega apuesta, en el juego geopolítico, a disminuir la dependencia del mercado estadounidense, facilitando la inversión asiática, inclusive a costa de nuestros recursos naturales, como los recursos forestales”, afirmó Ruiz.
Nicaragua, país depredado
Nicaragua se encuentra entre los países que más bosques perdieron en 2023, junto a Bolivia y Laos, según el informe “Pulso del bosque” (Forest Pulse) del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute).
Ese año, Nicaragua perdió 60,000 hectáreas de bosques primarios, la mayor tasa de pérdida de bosques primarios en proporción a su tamaño territorial.
Las principales causas de la deforestación en Nicaragua incluyen la expansión de la ganadería, la agricultura y la actividad minera.
Desde 2021, el área de concesiones mineras casi se ha duplicado, cubriendo alrededor del 15% del país.
La carne vacuna y el oro, principales productos de exportación de Nicaragua, están destinados en gran parte a Estados Unidos.
El informe también destaca que la deforestación ha sido acompañada por invasiones violentas de tierras en territorios indígenas.
Organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas denuncian la complicidad del gobierno en estas actividades y el cierre de grupos de defensa ambiental e indígena.
