El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua ha publicado este martes un informe alarmante que reconoce la existencia de 151 personas detenidas por motivos políticos en el país.
Esta cifra incluye a 10 personas que fueron encarceladas antes de 2018. De la cifra total, 25 son mujeres y 126 son hombres.
Entre el 1 y el 31 de julio de 2024, se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias motivadas por persecución política.
Los familiares de los detenidos han optado por no denunciar públicamente estos hechos debido a las amenazas recibidas por parte de las fuerzas de seguridad y el clima de terror instaurado en la sociedad.
Durante el mes de julio, la represión contra periodistas y medios de comunicación se ha intensificado considerablemente, según el documento. Varios periodistas han sido arrestados, algunos están desaparecidos y otros tantos han sido forzados al exilio, en un intento del gobierno por silenciar las voces críticas.
Además, la práctica de desapariciones forzadas ha empeorado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses. Las familias de estos desaparecidos han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que agrava su angustia y desesperación.
El informe también señala que se han identificado 25 personas adultas mayores privadas de su libertad.
Estas personas enfrentan la negación de atención médica y son sometidas a torturas psicológicas, encontrándose en un estado de alta vulnerabilidad, según el informe.
Esta actualización del informe de personas presas políticas en Nicaragua abarca el periodo del 1 al 31 de julio de 2024 y ha sido elaborado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Este mecanismo está conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados defensores de derechos humanos, así como espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.
El listado únicamente incluye a las personas presas políticas de quienes se obtuvo acceso y/o autorización de sus familiares para su publicación.
Es importante destacar que el informe analiza la calidad de las personas como presas políticas según criterios y metodología validados, sin determinar responsabilidades.
El Mecanismo considera que una persona es presa política cuando la verificación de información indica que el caso cumple con al menos uno de los siguientes criterios:
1. Detención en violación de garantías fundamentales consagradas en la Constitución o en el derecho internacional de los derechos humanos.
2. Detención por razones puramente de persecución política, sin conexión con cualquier delito.
3. Detención prolongada como resultado de motivación política.
4. Aplicación desigual de la ley, fundada en motivación política.
5. Manifiesta violación del debido proceso relacionada con motivación política.
Debido a la limitación de información proporcionada por la dictadura y a la ausencia de organizaciones de derechos humanos independientes, la información es recopilada mediante denuncias en redes sociales, monitoreo de medios y denuncias públicas, así como denuncias de familiares o ciudadanos a organizaciones de derechos humanos nacionales.
Las organizaciones que integran el Mecanismo incluyen la Unidad de Registro (UDR), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y Monitoreo Azul y Blanco (MAB).
Participa además la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos (AFPP), el Comité de Familiares Pro Libertad de Presas y Presos Políticos (CLPP), la Organización de Víctimas de Abril (OVA) y el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos.
