Un grupo de abogados presentó ante la Fiscalía de Argentina una solicitud para que se emitan órdenes de captura internacional contra los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
La petición se enmarca en la investigación penal que abogados de Argentina iniciaron en 2022 contra altos funcionarios del régimen sandinista.
Los abogados Darío Richarte y Diego Hernán Pirota, quienes lideran la querella, argumentan que las imputaciones incluyen delitos graves como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, destierros y persecución por motivos políticos y religiosos.
“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”, explicó Richarte en un comunicado.
Richarte añadió que, tras meses de análisis de la evidencia recopilada, “existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”.
El abogado subrayó que el Estado argentino tiene la responsabilidad de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia.
Fundamentos de la solicitud
La denuncia de los abogados se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado juzgar a los responsables de delitos graves, independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de los perpetradores y las víctimas.
Así se argumentó el caso ante el fiscal Eduardo Raúl Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número tres, en la solicitud de apertura del caso.
El proceso judicial en Argentina se inició formalmente el 26 de agosto de 2022, tras la denuncia presentada por Richarte y Pirota ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4.
La acción fue motivada por el deterioro en la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente tras el encarcelamiento del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien entonces permanecía detenido durante varios meses.
Solicitud de orden de captura de los tiranos de Nicaragua marca el principio del fin de una dictadura de horror y de muerte. Hay luz al final del túnel. Hay esperanza. pic.twitter.com/djCX2fR7sK
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) August 27, 2024
El obispo fue condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” y en enero de este año fue deportado a Roma junto a una decena de sacerdotes secuestros por los esbirros policiales.
Los abogados sostienen que la situación de Álvarez se enmarca en un contexto de “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
Situación en Nicaragua y antecedentes internacionales
La crisis en Nicaragua se ha agravado desde abril de 2018, con un recrudecimiento de la represión gubernamental que se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto a Murillo como vicepresidenta.
Las elecciones fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional debido a la detención de sus principales oponentes políticos.
La solicitud de los abogados también hace referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Núremberg, que estipulan la responsabilidad penal de los jefes de Estado por crímenes graves, sin importar su cargo.
En este contexto, se subraya que Argentina, como signataria del Estatuto de Roma, está obligada a investigar y juzgar estos crímenes.
Repercusiones y expectativas
Darío Richarte manifestó que “el caso de Nicaragua es un caso donde la gente está siendo desaparecida, asesinada, torturada, exiliada y tantas otras atrocidades”.
Por ello, solicitó que Ortega y Murillo sean citados a declarar y, en caso de no comparecer, se emita una orden de captura internacional.
La petición de los abogados podría tener implicaciones significativas en las relaciones internacionales de Argentina y en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua.
De prosperar la solicitud, se enviaría un mensaje contundente sobre el compromiso de Argentina con los derechos humanos y la justicia internacional.
La situación en Nicaragua ha sido objeto de múltiples condenas por parte de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha documentado un empeoramiento en las condiciones de represión y violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, catalogándolas en muchos casos como crímenes de lesa humanidad.
