Un grupo de expertos de Naciones Unidas llamó este miércoles a la dictadura de Nicaragua a poner fin a las desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias de opositores y críticos.
“Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de perpetrar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a que liberen a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, a que aseguren que sus familias sepan sobre su suerte y paradero, y a que investiguen las violaciones de derechos humanos que puedan haberse cometido. El daño infligido a las personas detenidas y a sus familiares debe terminar”, dijeron los expertos, que hicieron un recuento de la grave situación de derechos humanos en Nicaragua.
Los expertos señalaron que muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada. Muchas siguen en prisión, incluso después de cumplir sus sentencias.
“Lo que observamos tras las protestas de 2018, y lo que seguimos viendo hoy, es un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, así como el abuso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional”, dijo el grupo.
También resaltaron que incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser negadas.
“A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica, mientras las familias a menudo no tienen forma de verificar dónde se encuentra su ser querido o temen denunciar las desapariciones forzadas por miedo a represalias, lo cual se complica aún más cuando las familias están en el exilio”, señalaron.
El grupo es presidido por la defensora de derechos humanos italiana Gabriella Citroni y lo integran además la polaca Grażyna Baranowska, Aua Baldé (Guinea Bissau), la mexicana Ana Lorena Delgadillo Pérez, el iraquí Mohammed Al-Obaidi, todos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas . Además lo integran, Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados Matthew Gillett (Presidente-Relator), Ganna Yudkivska (Vicepresidenta sobre Comunicaciones), Priya Gopalan (Vicepresidenta sobre Seguimiento), . Miriam Estrada Castillo y Mumba Malila – Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Desde 2021, al menos 427 arrestos han sido registrados, en su mayoría de personas con vínculos con procesos electorales nacionales, municipales o regionales, como críticos, opositores, estudiantes, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos, observadores, pueblos indígenas y líderes territoriales. El Gobierno ha ampliado esta persecución a cualquier persona percibida como opositora, incluso sin vínculos directos con actividades políticas.
En cartas dirigidas a las autoridades nicaragüenses, las personas expertas lamentaron las condiciones existentes de detención, particularmente en la prisión de La Modelo, donde a los presos se les niega el contacto con el mundo externo y presuntamente son sometidos a tortura y malos tratos, incluyendo violación, negación de atención médica y confinamiento solitario prolongado en celdas calurosas y estrechas, poniendo en riesgo sus vidas y violando gravemente el debido proceso.
