Detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas. Secuestros de católicos. Confiscación de bienes privados. Destierro de facto y exilio forzado. El horror político bajo la dictadura familiar Ortega Murillo continúa sin cesar en Nicaragua.
Así lo registra el no gubernamental Colectivo Nicaragua Nunca Más, una organización de derechos humanos que opera desde el exilio por persecución del régimen sandinista.
La citada organización denunció una nueva ola represiva en el país, en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y destierros de opositores y ciudadanos considerados críticos al Gobierno.
Entre las recientes detenciones se encuentra la del activista y comunicador Yasser Morazán, quien fue capturado en los últimos días por la policía al servicio de la familia dinástica.
📢 🚨 Alertamos sobre nueva ola represiva en #Nicaragua 🚨
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado a varias personas opositoras y otras tratadas como tales, incluyendo destierros, sea porque forzaron su salida o porque les han negado el ingreso al país… pic.twitter.com/a0wWfY50xi— Colectivo Nicaragua Nunca Más (@ColectivoNunca) February 11, 2025
Morazán había regresado a Nicaragua en 2021 tras un período de exilio en Estados Unidos y Costa Rica. A su llegada, fue interrogado durante varias horas en el aeropuerto de Managua y, desde entonces, optó por cerrar sus redes sociales en un intento de evitar represalias.
Su caso se suma a una larga lista de detenciones que han ocurrido en los últimos meses, muchas de las cuales no son denunciadas públicamente por temor a represalias contra los familiares.
Según el Colectivo, al menos 47 nicaragüenses permanecen encarcelados por motivos políticos, aunque el número real podría ser mayor debido al hermetismo con el que el régimen maneja estos casos.
En el último año, la represión ha alcanzado también a periodistas.
Henry Briceño, comunicador desterrado en noviembre de 2024 junto a su familia, incluyendo un menor de edad, es sólo uno de los múltiples casos registrados.
Libertad para Yasser Morazán, secuestrado por la dictadura sandinista. pic.twitter.com/myhaKnEBq0
— Gerall Chávez (@GerallChavez) February 12, 2025
Otros periodistas afectados incluyen a Irving Guerrero Montes, bajo arresto domiciliario en León; Leo Cárcamo Herrera, detenido en esa misma ciudad; y las comunicadoras Elsbeth D’anda y Fabiola Tercero, esta última desaparecida desde hace 7 meses en Managua.
Asimismo, continúa en condición de desaparición forzada Angélica Chavarría Altamirano, pareja del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega.
Su familia no tiene noticias de su paradero desde mayo de 2024.
En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas urgentes en su favor.
Otro caso relevante es el del diputado indígena Brooklyn Rivera, desaparecido hace más de 400 días junto con el líder comunitario Stedman Fagot, detenido en septiembre de 2024. Ambos también cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La represión alcanza incluso a militares en retiro. El pasado 23 de abril, el coronel Víctor Boitano Colemán fue secuestrado por sujetos vestidos de civil en el barrio Altamira de Managua, tras haber regresado al país con medidas cautelares a su favor. Desde su captura, se encuentra en condición de desaparecido.
Según el organismo, al menos 160 nicaragüenses han sido despojados de facto de su nacionalidad, al ser expulsados del país o impedidos de ingresar. Solo en enero y febrero de este año, se han registrado 15 nuevos casos, aunque extraoficialmente se estiman en más de 200 los nuevos casos de apatridia de facto.
Desde el estallido de las protestas de abril de 2018, la dictadura ha sido señalada por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad, con un saldo de al menos 355 muertos, entre ellos más de 20 menores de edad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado a la comunidad internacional para que incremente la presión sobre el régimen y exija el cese de las violaciones sistemáticas contra la población nicaragüense.
