El reciente aumento salarial de los diputados en Guatemala ha desatado un fuerte debate, colocando a los legisladores de este país como los mejor pagados en Centroamérica. Este ajuste, aprobado en noviembre de 2024 y concretado en febrero de 2025, elevó los ingresos de los diputados guatemaltecos a aproximadamente US$8,545 mensuales, superando a sus homólogos en la región.
Guatemala: el mayor salario legislativo en la región
Con el incremento del 126 % en sus ingresos, los 160 diputados del Congreso guatemalteco pasaron a percibir un salario base de aproximadamente $6,049, sumado a dietas por sesiones plenarias y comisiones, además de gastos de representación, a más de $8,500.
Esta decisión, tomada en una sesión nocturna y sin oposición visible, ha sido fuertemente criticada por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
Costa Rica: el segundo en la lista
Costa Rica: el segundo en la listaLos diputados costarricenses ocupan el segundo lugar con salarios que oscilan entre 3.286 y 4 millones de colones, equivalentes a aproximadamente $7,780 mensuales. A diferencia de Guatemala, los ajustes salariales en Costa Rica han sido objeto de mayor transparencia y debate público.
Panamá: tercer puesto en la región
En Panamá, los legisladores reciben aproximadamente $7,000 mensuales, incluyendo sueldos, gastos de representación y beneficios adicionales como combustible. Aunque esta cifra es inferior a la de Guatemala y Costa Rica, sigue siendo significativa en comparación con otros países de la región.
El Salvador, Nicaragua y Honduras: los menos remunerados
En El Salvador, los diputados ganan un promedio de $4,025 al mes, mientras que en Nicaragua sus ingresos alcanzan los$2,777. Honduras, por su parte, registra el salario más bajo, con un ingreso mensual de aproximadamente $3,630.
Críticas y consecuencias en Guatemala
El incremento en Guatemala ha generado una ola de indignación, no solo por la magnitud del aumento, sino también por la forma en que fue aprobado.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha señalado que cualquier ajuste debe ser avalado por el pleno del Congreso, un requisito que la Junta Directiva ha evadido. Esta acción podría derivar en consecuencias legales para los diputados involucrados.
Pese a la presión social y las acciones legales en curso, el primer pago del incremento ya fue efectuado, lo que ha intensificado las protestas y exigencias de rectificación. Mientras algunos diputados han optado por donar el aumento, el malestar ciudadano sigue en ascenso, reflejando la profunda brecha entre la clase política y la realidad económica del país.
