El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió el lunes con la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, a quien expuso su preocupación por las limitaciones que enfrenta la justicia independiente en su país, informó la presidencia guatemalteca.
Durante el encuentro, Arévalo advirtió sobre la existencia de espacios cooptados y estructuras de corrupción dentro del sistema judicial, lo cual —según el mandatario— profundiza la impunidad y debilita la institucionalidad democrática guatemalteca.
El gobernante también expresó su inquietud por la criminalización de jueces, fiscales y abogados que han trabajado por una justicia autónoma. Señaló de forma directa al Ministerio Público como uno de los entes responsables de promover estos ataques contra operadores de justicia.
“Existe una persecución sistemática desde el Ministerio Público contra quienes defienden la independencia judicial”, manifestó Arévalo a la representante de la ONU.
El mandatario reiteró el compromiso de su administración por fortalecer un sistema judicial libre de injerencias, y aseguró estar dispuesto a colaborar con todos los sectores que compartan esta visión de justicia sin cooptaciones ni intereses oscuros.
La relatora Margaret Satterthwaite realiza una visita en Guatemala del 12 al 23 de mayo para examinar las condiciones de independencia del poder judicial y del Ministerio Público, así como el respeto al ejercicio libre de la abogacía.
Durante su misión, sostendrá reuniones con funcionarios del gobierno, legisladores, jueces, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil, comunidad académica y diplomática, así como con agencias del sistema de Naciones Unidas. También evaluará temas de acceso igualitario a la justicia, derecho a juicio justo y protección de los operadores judiciales, desde un enfoque de género y derechos humanos.
La fiscal general Consuelo Porras, cabeza del Ministerio Público, ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido, entre otros, por considerarla un actor corrupto y antidemocrático. Varios de sus colaboradores más estrechos también han sido sancionados.
