Un grupo internacional de organizaciones de derechos humanos exigió llevar al Estado de Nicaragua ante instancias de justicia internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos que, según un reciente informe de la ONU, constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El Colectivo 46/2 llama a los Estados miembros de la ONU a respaldar plenamente el mandato del GHREN y a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional. La impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”, indicó la coalición en un comunicado.
El llamado se produce tras la presentación del informe actualizado del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) el pasado 30 de octubre, durante una audiencia ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que dicho grupo expone públicamente sus hallazgos ante este órgano, un hecho que el colectivo calificó como un “hito” en el seguimiento de la crisis nicaragüense.
El Colectivo 46/2 está conformado por entidades como el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CEJIL, OMCT, CIVICUS, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), entre otras. Su labor es visibilizar la falta de cumplimiento del régimen de Ortega con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Durante su intervención en la ONU, el presidente del GHREN, Jan Michael Simon, aseguró que las graves violaciones cometidas por el gobierno nicaragüense están “diseñadas para silenciar y castigar” a quienes se opongan a Ortega y Murillo. También advirtió que la privación arbitraria de la nacionalidad, como en el caso del exmilitar asesinado Roberto Samcam, configura un delito internacional y exige rendición de cuentas.
El informe también generó pronunciamientos de países como Brasil, Uruguay, Chile, España, Canadá, Costa Rica, Reino Unido e Irlanda, así como de la Unión Europea, quienes alertaron sobre la deriva autoritaria, la concentración del poder y la represión transnacional. Algunos mencionaron casos de confiscación de bienes, vigilancia y persecución política más allá de las fronteras.
“El Estado nicaragüense ha violado sistemáticamente los derechos fundamentales desde 2018, en una estrategia de represión estructural que se extiende incluso al exilio”, concluye el GHREN, reforzando el pedido de mecanismos internacionales de justicia como vía para enfrentar la impunidad.
