El diputado Nelson Márquez, del Partido Nacional de Honduras, recuperó su libertad luego de que un juez natural autorizara el cambio de medidas cautelares en el proceso judicial que enfrenta por fraude en perjuicio del Estado.
La resolución permite que Márquez se defienda en libertad tras permanecer bajo arresto domiciliario. Esto es válido siempre y cuando cumpla con una fianza de $1.7, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar mensualmente en la Corte Suprema de Justicia.
“Hay un Dios justo y correcto, y hoy lo glorifico. Estos 100 días han sido una prueba espiritual y judicial”, declaró Márquez al salir del recinto judicial. Añadió que no teme enfrentar el proceso porque tiene la conciencia tranquila y reiteró su compromiso con “la libertad del pueblo hondureño y la democracia”.
Ministerio Público apelará la resolución judicial
Tras de conocerse el fallo, el Ministerio Público (MP) anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión. Según la institución, el cambio de medidas es contrario a derecho debido al “enorme daño ocasionado a las arcas del Estado hondureño”.
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— Nelson Márquez (@NelsonMarqzHND) November 7, 2025
El MP señaló que los beneficiados por la resolución, además de Márquez, son los exfuncionarios Martha Vicenta Doblado Andara, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Irissabel Miranda Hernández, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.
Para el Ministerio Público, los implicados forman parte de una presunta red de corrupción. Mediante contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal, defraudó al Estado por $117 millones de dólares.
Un caso que se remonta al huracán Mitch
El expediente se originó tras el huracán Mitch (2000), cuando el Estado hondureño adjudicó contratos de reconstrucción a empresas sin autorización legal. Una de ellas, la estadounidense DRC Inc., subcontrató de forma irregular a la hondureña NAINSA, utilizando fondos de cooperación internacional.
Años después, ambas empresas interpusieron demandas fraudulentas contra el Estado con base en un laudo arbitral nulo. Este fue declarado inválido por la justicia en 2009 y 2013. Sin embargo, en enero de 2020, siendo Márquez secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), se promovió un acuerdo extrajudicial con NAINSA que facilitó pagos millonarios.
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el diputado impulsó el convenio “a sabiendas de que el laudo carecía de validez”, lo que derivó en un nuevo proceso por fraude y abuso de autoridad.
Antecedentes y cronología del proceso judicial
El 29 de julio de 2025, la Policía Nacional capturó a Márquez y a otros acusados. Un día después, se dictó detención judicial inicial, y el 5 de agosto se sustituyó por arresto domiciliario. Posteriormente, el 12 de septiembre, se ratificó esa medida.
Finalmente, el 6 de noviembre de 2025, el juez natural aprobó la revocación del arresto domiciliario. Esto ocurrió al comprobar la presentación de las fianzas requeridas.
El Ministerio Público ratificó que el caso sigue en etapa de audiencia inicial y que continuará aportando pruebas para sostener la acusación. La Fiscalía insiste en que se trata de uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años, con la participación de exfuncionarios, abogados y jueces.
Mientras tanto, la defensa del congresista mantiene que el proceso tiene motivaciones políticas. Márquez asegura que actuó conforme a la ley y confía en que la justicia demostrará su inocencia.
