El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, confirmó que 117 pandilleros han muerto en enfrentamientos con la policía y la la Fuerza Armada desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.
Aseguró que estas muertes no deben considerarse homicidios porque, según dijo, los agentes no actúan con intención letal premeditada.
Sin embargo, organizaciones civiles y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos advierten que estas muertes, junto a hallazgos de osamentas y fallecimientos bajo custodia, no se incluyen en las cifras oficiales. La omisión, señalan, reduce artificialmente los registros reales de violencia en el país.
El Protocolo de Bogotá, referencia regional para clasificar homicidios, indica que estas muertes deberían contarse inicialmente como homicidios mientras se determina si hubo uso legítimo de la fuerza. “Son homicidios, es lo que dice la ley”, afirmó Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario.
A ello se suma otro dato: el Movimiento de Trabajadores de la PNC reporta 58 homicidios entre enero y noviembre de este año, sin incluir enfrentamientos con pandillas ni hallazgos de cuerpos, cifras que tampoco figuran en los conteos oficiales.
Pese a los cuestionamientos, Villatoro defendió el régimen de excepción y afirmó que es “la herramienta que devolvió la paz y seguridad”. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que la falta de transparencia en el manejo de datos mantiene abierta la discusión sobre el uso de la fuerza estatal en El Salvador.
