El Ministerio de Salud de Costa Rica reporta al menos 57 casos de malaria desde enero hasta el 11 de julio, según consta en el último informe epidemiológico.
Las autoridades detallaron que 20 de los casos corresponden a contagios locales, de los que nueve son autóctonos y otros 11 fueron introducidos. Además, se contabilizan otros 28 casos importados, hay 6 recaídas de casos importados y tres que siguen en investigación epidemiológica.
Pese a la cantidad de casos, las autoridades de salud reportan una baja en comparación con los últimos 4 años. Salud considera que la disminución de contagios podría deberse a mejor vigilancia, diagnóstico oportuno y control de los focos de transmisión.
La enfermedad de la malaria también es conocida como paludismo. Se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles, que transmite el parásito Plasmodium. Además, algunos de los síntomas son: fiebre, escalofríos o temblores, dolor de cabeza, sudoración extrema, cansancio, náuseas, vómitos y diarrea.
Incluso, cuando la enfermedad se agrava se reportan síntomas severos como dificultad para respirar, color amarrillento en la piel u ojos, confusión mental, convulsiones, orina oscura o con sangre y anemia severa.
Sin mayores detalles de pacientes
Las autoridades de salud no detallaron las edades, sexo y lugar de procedencia de los 57 infectados con la enfermedad. Sin embargo, dijeron que los contagios estarían relacionados a factores de riesgo como la minería, la movilidad poblacional y otras condiciones que favorecen la transmisión de la enfermedad.
Geográficamente solo se conoce que hay 47 casos en la región Huetar Norte; otros 4 en la Huetar Caribe; otros 2 en la zona Central Norte; dos en la zona Central Sur; uno en la zona Central Occidente y 1 en la Chorotega. Por lo tanto, las autoridades estiman que han aplicado al menos 108,128 pruebas para diagnosticar la malaria.
En mayo de este año se reportó que el foco de contagio estaba situado en la localidad de Crucitas, conocido por la minería ilegal de mineros artesanales procedentes de Nicaragua, actividad ilícita que también ha provocado destrozos ambientales para las comunidades y que ha situado a ese cantón en la mira del gobierno de Laura Fernández.
