Amnistía Internacional advirtió este sábado que la reforma constitucional promovida por el Gobierno de Nicaragua para ampliar el período presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a las personas calificadas como “traidores” o “golpistas” constituye un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de la población a participar en los asuntos públicos del país.
La organización recordó que el derecho a votar y a ser elegido en elecciones libres y periódicas está protegida por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado que continúa siendo vinculante para Nicaragua. En ese sentido, sostuvo que el Estado no puede eliminar ni restringir arbitrariamente esos derechos.
“Esta reforma electoral es un intento de consolidar un sistema en el que el Estado decide arbitrariamente quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién está excluido de hacerlo por motivos políticos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La iniciativa de reforma fue presentada después de que el copresidente Daniel Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua “no habrá más elecciones”, anuncio que, según Amnistía Internacional, marcó el inicio del proceso para incorporar esas restricciones al marco jurídico del país.
La organización señaló que estas forman parte de un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó tras la represión de las protestas de 2018. Indicó que, desde entonces, las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado de comunicación independiente y despojado arbitrariamente de la nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, obligando a muchos de ellos al exilio.
Asimismo, recordó que en 2025 el Gobierno impulsó una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes al subordinar los órganos Legislativo, Judicial y Electoral a la Presidencia. También señaló que, en julio de 2026, cientos de abogados fueron despojados de sus licencias profesionales, una medida que expertos de Naciones Unidas calificaron como una depuración de la profesión jurídica.
“Detrás de cada organización clausurada, de cada licencia revocada y de cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado ha privado de la capacidad de expresarse, organizarse y decidir el futuro de su país. Esto es lo que el anuncio busca convertir en ley”, agregó Ana Piquer.
Amnistía Internacional instó al régimen nicaragüense a abstenerse de aprobar cualquier reforma que elimine o restrinja injustificadamente el derecho de la población a participar en la vida política. Además, pidió garantizar elecciones periódicas, libres y auténticas mediante sufragio universal, poner fin a las represalias contra quienes ejercen derechos políticos y solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional dar seguimiento a las reformas y exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
