Con 53 votos a favor, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado para castigar el delito de minería ilegal con penas de cárcel de hasta ocho años. El segundo debate se realizaría el jueves 3 de septiembre.
El proyecto aprobado en primer debate fue presentado en 2023 por Frente Amplio y busca incrementar las penas de prisión hasta por ocho años para quienes cometan el delito de minería ilegal, por lo que modificaron el Código de Minería, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.
El principal cambio es que la minería ilegal será castigada con cárcel de dos a ocho años, eso incluye tareas de reconocimiento para minería, exploración, extracción o explotación en cualquier área que se considere patrimonio natural, parque nacional, reserva biológica o área silvestre.
Asimismo, cualquier persona que promueva, financie, administre, organice, facilite, dirija u obtenga beneficio de actividades de reconocimiento, exploración, explotación, extracción, procesamiento, transporte o comercialización de recursos mineros tendrá una pena de dos a seis años de prisión.
Las personas que realizan actividades mineras artesanales con arena quedan fuera de esta nueva legislación que sería aprobada en segundo debate el próximo jueves 3 de septiembre por los diputados de la Asamblea Legislativa costarricense.
Otras penas incluidas en delitos ambientales
EL proyecto de reformas también contempla penas de dos a cuatro años de cárcel para quienes cometan tráfico de animales silvestres, aunque la pena podría aumentar hasta los seis años si el tráfico es de especies reducidas o en peligro de extinción.
Además, se sumó otra pena de cárcel de uno a 3 años para quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, aunque la pena aumentará hasta a seis años cuando sean más de 3 los involucrados en los delitos.
