El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras Colindres, confirmó que la ley que fija precios máximos de combustibles, aprobada en el pleno, seguirá detenida hasta resolver las objeciones planteadas sobre su contenido.
Contreras informó que la Junta Directiva del Congreso se reunirá esta semana para evaluar nuevas opciones ante el aumento de los combustibles.
La decisión ocurre después de las protestas y bloqueos registrados durante la última semana contra los precios elevados.
El presidente del Legislativo reconoció que el Congreso pudo reaccionar tarde ante el creciente malestar ciudadano.
También negó irregularidades en el trámite de la normativa y defendió la necesidad de alcanzar acuerdos antes de aprobar nuevas medidas.
El precio máximo genera críticas
La ley establece un precio máximo de $5.11 para la el diésel y $5.38 para la gasolina regular.
Contreras admitió que esos valores pueden resultar elevados para los consumidores. Por ello, planteó que el Congreso podría revisar el precio establecido.
El funcionario también señaló que el subsidio tiene un alcance limitado. La medida, además, no alcanza de forma directa al resto de la población, pese al impacto general del encarecimiento de los combustibles.
Evalúan reducir impuestos
Contreras consideró que eliminar temporalmente el impuesto de distribución de petróleo sería más sencillo de controlar.
La medida permitiría descuentos de $0.60 para la gasolina regular y $0.62 para la superior.
Para el diésel, el descuento alcanzaría $0.17 por galón.
En cambio, eliminar temporalmente el impuesto al valor agregado tendría mayores dificultades de cálculo y fiscalización.
Protestas aumentan presión sobre las autoridades
El presidente del Congreso afirmó que el problema requiere acciones coordinadas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Además, reconoció que las autoridades deben explicar mejor las medidas destinadas a contener el impacto del alza.
Contreras mencionó a El Salvador como referencia regional por sus mecanismos de subsidio y control de precios.
Sin embargo, aclaró que las condiciones de ambos países no son iguales.
La ley estancada fue presentada por el Ejecutivo y aprobada con 130 votos (de 160).
