Michael Soto, quien había fungido como director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue elegido como el nuevo subdirector permanente en propiedad de esa institución. La elección fue realizada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Soto había estado ocupando el cargo como subdirector como interino porque el entonces subdirector Gerald Campos pidió permiso, en mayo de 2022, en la Corte para ausentarse para ejercer como ministro de Justicia y Paz en el gobierno de Rodrigo Chaves.
Para abril de 2025, Campos presentó su renuncia al cargo de forma definitiva, por lo que, se inició el proceso de contratación para la vacante del nuevo subdirector propietario, la cual, fue asignada esta semana a Soto. Sin embargo, el entonces director del OIJ Randall Zúñiga fue destituido y entonces Soto ascendió a director interino.
Antes de ser subdirector interino, Soto se desempeñaba como e jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del mismo OIJ, pero ahora cuenta con una plaza permanente como subdirector, pero que a su vez le permite desempeñarse como director interno.
Es por eso, que la Corte tramitó esta misma semana que se ratifique a Soto como director interno, pues recibió 20 de los 22 votos de magistrados de la Corte Plena y obtuvo una calificación de 98.50 puntos. Entre su experiencia se encuentra la subjefatura del Departamento de Investigaciones Criminales, fue jefe de la sección de Asaltos y Estupefacientes y dirigió delegaciones en San Carlos, Pococí y Limón.
Durante su función como director interino se logró la captura del cabecilla del narcotráfico Alejandro Arias Monge, “Diablo”, quien fue capturado en una finca donde se disputó una balacera de una hora y se destaca su colaboración en el equipo que ha coordinado al menos 30 extradiciones de costarricenses por estar involucrados en organizaciones de crimen organizado.
Soto incluso ha sido una voz crítica de los recortes presupuestarios que ha intentado impulsar Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández y ha señalado que la falta de fondos perjudicaría la ejecución de operativos y la recolección de pruebas en delitos sexuales.
