La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció este lunes 21 de septiembre que la represión en Nicaragua ha alcanzado a “todos los sectores” de la sociedad.
“No queda sector sin ser afectado”, advirtieron expertos del Naciones Unidas, en sesión en Ginebra sobre el acelerado deterioro de las libertades fundamentales a ocho años del estallido de la crisis política y social de 2018.
En un informe detallado ante el Consejo de Derechos Humanos —que abarca de junio de 2025 a junio de 2026—, el organismo señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha eliminado prácticamente todos los espacios de participación independiente, consolidando un control absoluto sobre la vida pública nicaragüense.
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Desmantelamiento y control
La directora de Operaciones Globales de la Oficina, Maarit Kohonen, afirmó que ya no existe pluralismo político en las instituciones nacionales ni locales.
Como prueba de esta hegemonía, destacó que durante el último año la Asamblea Nacional no registró ni un solo voto disidente en 185 votaciones, mientras el oficialismo sostiene el control total de las 153 municipalidades del país.
Este vaciamiento democrático se ve agravado por reformas legales que han despojado de independencia a las entidades estatales, concentrando las decisiones en el Poder Ejecutivo y cerrando la puerta a cualquier contrapeso institucional legítimo, denunciaron.
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Cierre masivo del espacio cívico y persecución religiosa
El Alto Comisionado, Volker Türk, advirtió sobre el abuso sistemático del poder y la captura del Estado.
Desde las movilizaciones ciudadanas de 2018 —reprimidas violentamente—, la ONU documenta el cierre forzado de 56 medios de comunicación y la cancelación de 5.539 organizaciones de la sociedad civil, sofocando la libertad de prensa y el trabajo comunitario.
A esto se suma la persecución contra la Iglesia católica: más de la mitad de las diócesis carecen de obispo debido al constante exilio, expulsión, hostigamiento o detención arbitraria de líderes religiosos y agentes pastorales.
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Detenciones, muertes bajo custodia y reforma constitucional
La OACNUDH registró al menos 35 detenciones arbitrarias y alertó sobre el incremento alarmante de muertes bajo custodia estatal, visibilizando el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.
El escenario se complica con la reforma constitucional aprobada en primera legislatura, la cual extiende el período presidencial de seis a siete años e inhabilita electoralmente a quienes el Ejecutivo tilde de “traidores a la patria”.
Ante este panorama con la oposición exiliada, la ONU urgió a liberar a los presos políticos, cesar el acoso y restaurar la cooperación internacional.
