El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsó en marzo de 2026 la contratación de una plataforma de información ciudadana, bajo el argumento de prevenir ciberataques y proteger infraestructura estratégica. Correos internos revelados por el diario La Nación expusieron los alcances de la iniciativa.
El sistema permitiría consultar fotografías recientes, ingresos estimados, referencias crediticias, propiedades y procesos judiciales. También contemplaba obtener nombres de cónyuges, direcciones electorales y datos penales relacionados con el círculo cercano de las personas investigadas.
Para financiar la herramienta, el ICE había certificado un presupuesto de ₡1,5 millones (aproximadamente $3.300) anuales, según documentos del 26 de febrero. La contratación estaba prevista bajo una modalidad de compra directa de escasa cuantía, con posibilidad de prorrogarse hasta cinco años adicionales.
La iniciativa fue promovida desde el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia Corporativa (CCOEC), dependiente de la Presidencia Ejecutiva del ICE. Su director, Juan de la Cruz Brenes Solera, autorizó continuar el proceso el 10 de marzo, pese a las interrogantes sobre el uso de información sensible.
La Mesa Técnica de Compras cuestionó la finalidad del servicio y advirtió sobre las responsabilidades legales relacionadas con el tratamiento de datos personales. La dependencia recomendó valorar una consulta jurídica para determinar si la institución tenía facultades para acceder a esa información.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita una denuncia presentada por el sindicato Acotel desde julio. Por su parte, Anttec exigió la separación del director involucrado y recordó que en 2011 la Sala Constitucional condenó al ICE por realizar labores de vigilancia indebida contra un dirigente sindical.
Aunque el ICE aseguró el 6 de octubre que ya no estaba realizando la compra, todavía no se ha esclarecido si la contratación llegó a concretarse. El caso abre nuevos cuestionamientos sobre la protección de datos personales en Costa Rica, donde la Ley 8968 establece garantías para la privacidad de los ciudadanos frente al uso institucional de su información.
