Las autoridades en Panamá comenzaron a construir casas para las familias damnificadas por el sismo del 9 de octubre, mientras las evaluaciones preliminares superan las 9,000 viviendas afectadas.
La construcción comenzó en la comunidad de El Banco, en el corregimiento de Rincón Hondo, provincia de Herrera. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realiza inspecciones para determinar los daños y seleccionar a los beneficiarios.
El arquitecto Roberto Villarreal explicó que los equipos elaboran fichas técnicas, evaluaciones socioeconómicas y registros de pérdidas totales y parciales. Además, revisan viviendas que inicialmente reportaron daños parciales, pero pudieron deteriorarse por las réplicas.
Las inspecciones continúan en sectores de Pesé, Chitré, Los Pozos, Las Minas y Ocú. Sin embargo, el ministerio todavía no precisa cuántas casas construirá durante esta primera etapa.
Las familias que edificaron en terrenos de sus padres u otros parientes podrán presentar derechos posesorios cuando carezcan de títulos de propiedad.
Materiales y plazos de construcción
Villarreal indicó que las viviendas utilizarán paredes de material M2 y fundaciones diseñadas conforme al Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá de 2021.
Asimismo, las empresas deberán presentar pruebas de calidad del concreto y fichas técnicas de los materiales. El plazo estimado para construir cada vivienda oscila entre 17 y 20 días, aunque las lluvias podrían retrasar las obras.
Asistencia en zonas de difícil acceso
El gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, informó que las autoridades organizan centros de acopio y distribuyen alimentos e insumos. En las zonas montañosas, los derrumbes han obligado a trasladar ayuda por vía aérea.
Además, coordinan con el Ministerio de Obras Públicas la remoción de escombros y la rehabilitación de caminos. También prevén atención médica, medicamentos y apoyo psicológico mediante equipos del Ministerio de Salud.
El Miviot recibe apoyo de Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo para ampliar las inspecciones en las comunidades afectadas.
