El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, reveló que sectores radicales promovieron un rompimiento del orden constitucional contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Según el funcionario, estos grupos instaron a oficiales del Ejército a desconocer al mandatario y tomar las armas para sacarlo del poder.
En una entrevista publicada por Prensa Libre, Sáenz aseguró que conserva archivos de publicaciones difundidas en redes sociales que posteriormente fueron eliminadas por sus autores. En esos mensajes, según su relato, se calificaba de ilegítimo al Gobierno y se alentaba a los militares a rebelarse contra las autoridades.
El ministro afirmó que estos llamados no encontraron apoyo entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, advirtió que los sectores extremistas continúan activos y que el riesgo de nuevas presiones contra la institucionalidad democrática sigue latente.
Sáenz explicó que, desde enero de 2024, el Gobierno impulsó cambios en la estructura de mando militar para evitar vínculos políticos entre oficiales y dirigentes partidarios. Las decisiones incluyeron apartar de determinados ascensos a miembros de algunas promociones, una medida que provocó resistencia entre ciertos sectores del Ejército.

Subordinación a la Presidencia
El jefe de Defensa sostuvo que la institución militar mantiene su subordinación al poder civil y su compromiso con la Constitución. También afirmó que actores radicales han intentado debilitar al presidente mediante presiones sobre las Fuerzas Armadas, aunque evitó identificar públicamente a los responsables de los llamados golpistas.
Las declaraciones se producen en un país marcado por las tensiones institucionales que acompañaron la llegada de Arévalo al poder. Durante la transición presidencial de 2023, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó las acciones del Ministerio Público destinadas a desconocer los resultados electorales y las calificó como un intento de golpe de Estado.
Guatemala no registra un golpe militar exitoso desde 1983, aunque en 1993 también enfrentó un intento de ruptura constitucional. Sáenz insiste en que el Ejército actual no contempla una intervención de esa naturaleza.
Sus declaraciones, sin embargo, reabren el debate sobre las amenazas contra la estabilidad democrática del país, mientras los supuestos llamados a la insurrección militar siguen sin una verificación pública independiente.







