España recibió a 144 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica en un esfuerzo estatal, enmarcado en el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados 2026.
El grupo de 111 adultos y 33 menores, aterrizó la noche del 20 de octubre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial sin incidencias.
El proceso arrancó en abril, cuando la Secretaría de Estado de Migraciones participó en una misión de selección con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Una selección de varios meses
A partir de esa misión, los equipos evaluaron expedientes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había remitido previamente.
Posteriormente, en junio, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) resolvió favorablemente la mayoría de los casos, lo que abrió paso a los preparativos del viaje.
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Tras el aterrizaje, un dispositivo coordinado por Migraciones derivó a los refugiados al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, de donde partirán a las comunidades autónomas.
En el operativo intervinieron 13 instituciones y entidades, entre ellas ACNUR, la OIM, AENA, la Guardia Civil, la Policía de Fronteras y Cruz Roja.

Un éxodo que comenzó en 2018
La crisis política y social que estalló en Nicaragua en 2018 empujó a decenas de miles a buscar protección fuera del país, y Costa Rica se convirtió en uno de sus principales destinos.
Por ello, el programa español de 2026 incluye expresamente a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica entre sus colectivos prioritarios.
No obstante, el Gobierno aclaró que el programa no es automático: cada caso pasa por un procedimiento de selección individual mediante estrictos mecanismos de investigación y análisis.
El programa estaría concluyendo a inicios de diciembre de este año, con incertidumbre para 2027 por el contexto electoral en España, donde el tema de la migración es eje de campañas nacionalistas y propanganda.
Una vía legal y planificada
El reasentamiento permite trasladar legalmente a personas que ya son refugiadas en un tercer país, pero que siguen en situación de vulnerabilidad y necesitan una protección duradera.
A diferencia de quienes llegan a España y después solicitan asilo, estos beneficiarios reciben una evaluación previa de autoridades españolas, lo que facilita organizar su acogida.

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Una vez en territorio español, acceden a los recursos de acogida e inician su integración social, educativa y laboral de forma inmediata y segura.
El programa de 2026 fija el compromiso de acoger hasta 1.200 refugiados, con especial atención a los más vulnerables de países y regiones en conflicto.
En los últimos cuatro años, España reasentó a 3,600 personas mediante este mecanismo.







