Honduras necesita fortalecer sus instituciones de investigación criminal antes de ampliar las medidas de seguridad y adoptar modelos penitenciarios de otros países, advirtió este martes Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La especialista señaló que los procesos judiciales requieren pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales. Por ello, consideró necesario mejorar las investigaciones y recuperar la confianza de la población en las instituciones.
Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las reformas de seguridad y los cambios al Código Penal hondureño.
El sistema penitenciario enfrenta problemas de hacinamiento
Ayestas consideró útil el intercambio de experiencias entre gobiernos en materia de seguridad. Sin embargo, advirtió que Honduras debe evaluar sus propias condiciones antes de construir una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
La experta destacó el hacinamiento y las condiciones de las cárceles hondureñas como factores que deben considerarse al analizar esa posibilidad.
También cuestionó las condiciones de rehabilitación dentro de los centros penitenciarios. Según explicó, las prisiones pueden convertirse en espacios donde los internos adquieren nuevas habilidades delictivas en lugar de rehabilitarse.
Además, planteó examinar la disponibilidad de terrenos, las condiciones de las instalaciones y los mecanismos de vigilancia y control. Entre los aspectos por evaluar mencionó la posibilidad de construir nuevas instalaciones en el centro penitenciario de Támara.
Las detenciones deben respetar las garantías constitucionales
La directora del observatorio también pidió analizar cualquier ampliación de los plazos de detención a la luz de las garantías establecidas en la Constitución.
A su juicio, las medidas de seguridad deben acompañarse de instituciones capaces de investigar los delitos y reunir pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
La falta de evidencias dificulta que los jueces determinen la responsabilidad penal de los acusados. Por tanto, fortalecer la investigación criminal resulta clave para mejorar los resultados judiciales.
La confianza ciudadana influye en las denuncias
Ayestas también subrayó la importancia de fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
Una mayor confianza puede favorecer las denuncias y facilitar el trabajo de los investigadores. Sin embargo, para avanzar en esa dirección, las autoridades necesitan mejorar sus capacidades y garantizar procedimientos que respeten los derechos constitucionales.
La especialista planteó así que las políticas de seguridad deben considerar no solo la capacidad de encarcelamiento, sino también la investigación de los delitos, la calidad de las pruebas y las condiciones del sistema penitenciario.
