Durante una conferencia de prensa, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, sostuvo que Nicaragua dejó de enfrentar únicamente una crisis de derechos humanos y pasó a un sistema de gobierno caracterizado por la concentración del poder, la persecución política y la eliminación de los espacios de oposición.
“Lo que estamos viendo es una dictadura en toda regla”, afirmó Simon en la sede de Naciones Unidas en Nueva Yok. El experto aseguró que las violaciones documentadas no constituyen acontecimientos aislados, sino que responden a una estrategia deliberada para consolidar el control político de Ortega y Murillo.
El investigador explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución de opositores y privación de nacionalidad funcionan como instrumentos para eliminar cualquier obstáculo a la continuidad del Gobierno.
“Estas no son metas en sí mismas. Son herramientas”, sostuvo Simon, al referirse a los mecanismos de represión identificados por el grupo. Según explicó, estas prácticas buscan mantener el poder de manera permanente dentro de la familia Ortega-Murillo.
ONU señala indicios de crímenes de lesa humanidad
El experto Reed Brody afirmó que las investigaciones realizadas desde 2018 permitieron identificar un patrón de violaciones graves de derechos humanos, por el cual el grupo considera que existen fundamentos suficientes para examinar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Nuestro grupo ha encontrado motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, declaró Brody.
El investigador detalló que el grupo publicó los nombres de 56 funcionarios nicaragüenses a quienes considera presuntamente involucrados en las violaciones documentadas. Sin embargo, estos señalamientos no equivalen a condenas penales emitidas por un tribunal internacional.
Brody denunció que el Estado y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional conformaron una estructura de represión que opera dentro y fuera de Nicaragua, mediante instituciones policiales, judiciales y penitenciarias bajo el control de los copresidentes.
“El Estado y el partido sandinista gobernante se han fusionado en una maquinaria unificada de represión que opera tanto dentro de las fronteras de Nicaragua como en el extranjero”, aseguró el experto.
Según el grupo, la reforma constitucional aprobada en 2025 eliminó la independencia efectiva de los poderes Legislativo y Judicial, al establecer que ambos funcionan bajo la coordinación de Ortega y Murillo.
Documentan 161 desapariciones forzadas y 29 personas desaparecidas
Uno de los principales hallazgos presentados por los investigadores corresponde a las desapariciones forzadas utilizadas contra personas consideradas opositoras al Gobierno.
Brody informó que el grupo documentó 161 casos de desaparición forzada desde 2018, mientras que al menos 29 personas permanecían desaparecidas al momento de la conferencia.
El experto explicó que las víctimas son detenidas en sus viviendas sin órdenes judiciales y posteriormente sus familiares no reciben información sobre los motivos de la captura, su ubicación o sus condiciones de salud.
“Las personas son sacadas de sus hogares sin una orden judicial. A sus familias no se les informa nada: ni dónde están, ni por qué, ni siquiera si siguen con vida”, denunció Brody.
Los investigadores también responsabilizaron al Gobierno nicaragüense por la muerte bajo custodia de al menos ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas Humberto Ortega, hermano del dictador, y el dirigente indígena Brooklyn Rivera.
Según Brody, la mayoría de los fallecidos eran hombres de edad avanzada que padecían enfermedades crónicas y permanecieron recluidos en condiciones deficientes, sin acceso adecuado a atención médica.
Denuncian muerte de dirigente indígena Brooklyn Rivera
Durante la conferencia, Brody dedicó parte de su intervención al fallecimiento de Brooklyn Rivera, dirigente del pueblo indígena miskito durante cuatro décadas, quien fue detenido en 2023.
El experto explicó que Rivera, de 73 años, permaneció desaparecido durante gran parte de los siguientes dos años y medio, hasta que en mayo de 2026 las autoridades difundieron fotografías en las que aparecía visiblemente deteriorado y conectado a un respirador.
Cuatro días después, el Gobierno anunció su muerte y realizó su entierro ese mismo día, sin practicar una autopsia ni contar con el consentimiento de su familia, según la investigación presentada.
Brody señaló que, después de un prolongado período sin proporcionar información sobre Rivera, las autoridades emitieron cinco comunicados relacionados con su estado de salud.
Los investigadores examinaron esas explicaciones junto con especialistas de la organización Médicos por los Derechos Humanos y concluyeron que presentaban contradicciones médicas y no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente.
Al menos 452 nicaragüenses fueron privados de nacionalidad
El grupo también denunció que al menos 452 nicaragüenses considerados opositores políticos fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad desde febrero de 2023.
Entre los afectados figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y los candidatos presidenciales de las elecciones de 2021, quienes fueron declarados traidores a la patria por las autoridades.
Brody explicó que numerosos afectados fueron expulsados del país y sufrieron la confiscación de sus propiedades, mientras otros quedaron sin posibilidades de renovar sus documentos de identidad desde el extranjero.
Los expertos estimaron que alrededor de 800,000 nicaragüenses viven fuera del país, incluidos numerosos ciudadanos que abandonaron Nicaragua después del inicio de la crisis política en abril de 2018.
Costa Rica concentra una parte importante de esta población, aunque algunos opositores se trasladaron posteriormente a España por razones de seguridad.
El investigador denunció que las autoridades nicaragüenses utilizan mecanismos de vigilancia digital y redes de inteligencia para identificar, intimidar y perseguir a personas consideradas críticas del Gobierno, incluso cuando residen fuera de Nicaragua.
También señaló que algunas representaciones diplomáticas participaron presuntamente en actividades de vigilancia contra ciudadanos exiliados.
Expertos advierten que no existe justicia independiente en Nicaragua
Brody sostuvo que la concentración del poder político y el debilitamiento de las instituciones judiciales dificultan cualquier posibilidad de investigar y sancionar dentro de Nicaragua las violaciones denunciadas.
“No queda ningún tribunal ni fiscal que pueda exigir responsabilidades a nadie, por lo que la justicia tiene que venir del exterior”, afirmó el investigador.
Ante esa situación, el grupo solicitó que otros Estados consideren presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de obligaciones internacionales relacionadas con la apatridia.
Los expertos también propusieron explorar la posibilidad de remitir la situación nicaragüense a la Corte Penal Internacional para determinar eventuales responsabilidades por los crímenes denunciados.
Brody reconoció que Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de ese tribunal, pero argumentó que algunas acciones del Gobierno contra opositores trascendieron las fronteras nacionales.
Como ejemplo, mencionó la expulsión de 135 opositores hacia Guatemala en septiembre de 2024, país que sí forma parte del Estatuto de Roma.
“Las palabras y las resoluciones no son suficientes. Es hora de actuar”, reclamó Brody durante la conferencia.
La solicitud de los investigadores no significa que la Corte Penal Internacional haya iniciado un proceso penal ni que exista una sentencia que declare culpables a los funcionarios señalados. Los hallazgos representan conclusiones de un mecanismo independiente de investigación de Naciones Unidas.
ONU advierte sobre permanencia de Ortega y Murillo en el poder
El presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que la represión documentada responde al propósito de mantener el poder político dentro de la familia Ortega-Murillo.
El experto recordó que Daniel Ortega afirmó el 19 de julio de 2026 que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones, una declaración que interpretó como una señal de que el Gobierno abandonó incluso la intención de mantener una apariencia de competencia democrática.
Simon también señaló que la creación de la figura de copresidencia permitió que Rosario Murillo compartiera formalmente la jefatura del Estado con Ortega, mientras uno de los hijos de la pareja desempeña funciones diplomáticas informales y participa en acercamientos con China, Rusia y otros países.
El investigador advirtió que esta estructura genera interrogantes sobre la continuidad familiar del poder, aunque no identificó una sucesión formalmente establecida.
Asimismo, solicitó a los Estados respaldar a los países centroamericanos que reciben a ciudadanos nicaragüenses desplazados y mantener mecanismos internacionales de seguimiento sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El Grupo de Expertos fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022 para investigar las presuntas violaciones cometidas desde abril de 2018. Sus conclusiones más recientes fueron presentadas el lunes 26 de octubre ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.
Con sus hallazgos, los investigadores reiteraron que la persecución política, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia y la privación de nacionalidad forman parte de un patrón que, a su juicio, proporciona motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
