El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasladó este viernes a Estados Unidos al nicaragüense Cristhiam Rodríguez Izcano. La justicia estadounidense lo reclama por un accidente de tránsito mortal ocurrido en Arkansas en 2022.
Rodríguez, de 35 años, salió del país junto con otros 6 ciudadanos, según informó en sus redes el periodista Miguel Mendoza.
Llevaba unos 3 meses bajo custodia policial. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses no han confirmado oficialmente la entrega.
El régimen de Managua suele guardar silencio cuando medios independientes revelan asuntos internos del país.
Lea más: Nicaragua juzgará al hombre acusado de matar a su esposa e hija en Costa Rica
Una muerte en Springdale
La fiscalía estadounidense acusa a Rodríguez de provocar en Springdale un choque en el que murió Tracy Harlam, enfermera de 47 años.
Según la investigación, conducía ebrio y se saltó un semáforo en rojo.
Además, enfrenta cargos por agresión en segundo grado y por conducir sin licencia. En Arkansas, el homicidio negligente bajo los efectos del alcohol se castiga con entre cinco y 20 años de prisión.
Tras obtener la libertad bajo fianza, el acusado regresó a Estelí. Allí la Policía lo detuvo por una denuncia de violencia doméstica y descubrió una notificación roja de Interpol en su contra.
Antes de partir, llamó a su familia desde el aeropuerto para despedirse, según relató una pariente a Mendoza.
Dos varas de medir
Por otra parte, el artículo 39 de la Constitución, publicada en La Gaceta en febrero de 2025, prohíbe extraditar a ciudadanos nicaragüenses. El artículo 349 del Código Procesal Penal recoge la misma restricción.
En contraste, Managua habría invocado esa norma para rechazar la entrega a Costa Rica del nicaragüense Rafael Antonio Valdez García.
La justicia costarricense lo señala por el asesinato de su esposa y su hija en Liberia y reclamó la entrega del sospechoso para ser juzgado en Costa Rica.
Mendoza cuestionó esa aplicación selectiva de la prohibición constitucional por parte de la dictadura Ortega Murillo.
Hasta ahora, el régimen no ha explicado qué figura jurídica empleó para el traslado. Tampoco ha aclarado si un juez autorizó la entrega.
