Un total de 292 de las 400 personas consultadas por Hagamos Democracia NIC-CR, el 73 %, afirma haber conocido en los últimos tres meses actos de corrupción cometidos por funcionarios de su municipio.
La Consulta Ciudadana de septiembre de 2026, decimosexta que realiza la organización desde diciembre de 2022, recogió opiniones en 40 unidades territoriales, incluidos distritos de Managua.
Bienes públicos y cargos en familia
Entre quienes dicen conocer esos actos, 192 (65,8 %) señalan el uso indebido de bienes públicos y 164 (56,2 %) apuntan al nepotismo en las instituciones municipales.
Les siguen las licitaciones amañadas (30,1 %), la malversación de fondos públicos (28,4 %), los cobros ilegales (22,6 %) y los sobresueldos (17,8 %). Cada participante podía marcar varias prácticas.
El indicador crece frente a la consulta de junio. Al excluir a quienes no supieron o no respondieron, la proporción sube de 75,9 % a 79,6 %, un aumento de 3,7 puntos.
Estas denuncias no surgen en el vacío. Se producen en gobiernos locales donde ya no existe ningún contrapeso político que fiscalice el manejo de los recursos.
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Alcaldías sin contrapesos
En las elecciones municipales de noviembre de 2022, marcadas por la falta de competencia, los sandinistas pasaron de controlar 141 alcaldías a las 153 que existen en Nicaragua.
Meses antes, en julio de ese año, el FSLN había ocupado mediante acciones policiales cinco alcaldías del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, ilegalizado en 2021.
El dominio territorial quedó luego consagrado en la Constitución. La reforma ratificada en enero de 2025 convirtió a Rosario Murillo en “copresidenta” y otorgó a la pareja el control de todos los poderes del Estado.
País inseguro y nada transparente
El artículo 132 reformado establece que la Presidencia coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales. Con ello, las alcaldías perdieron formalmente su autonomía.
La propia consulta refleja ese entramado. Entre las 302 personas que detectan vigilancia en su entorno, 185 (61,3 %) la atribuyen a los CPC o a estructuras partidarias.
La organización advierte que su metodología es descriptiva y no probabilística. Los resultados recogen declaraciones de los participantes, no casos verificados, y no representan estadísticamente a toda la población.
Aun así, el dato dibuja una percepción extendida. La corrupción municipal aparece junto a otra preocupación cotidiana: el 88,5 % de los consultados percibe que la inseguridad aumentó en su localidad.
