El jefe de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAE) de Honduras, comisionado Jorge Daniel Molina Gálvez, aseguró que la Mara Salvatrucha (MS-13) desarrolló una estructura económica que le permite invertir dinero procedente de actividades ilícitas en negocios comerciales, entre ellos empresas de transporte, establecimientos de venta de vehículos y comercios dedicados a la comercialización de ataúdes.
Durante una entrevista en el programa Frente a Frente, de la televisión hondureña, el funcionario explicó que las investigaciones policiales identificaron una evolución en el funcionamiento financiero de la MS-13, que pasó de mantener actividades delictivas en las comunidades a desarrollar inversiones en distintos sectores económicos. Según Molina, esta capacidad empresarial está relacionada con los recursos que la organización obtiene mediante sus operaciones ilegales.
El comisionado señaló que una parte del dinero generado por estas estructuras es utilizada para financiar establecimientos comerciales que pueden facilitar el movimiento de fondos de origen ilícito.
Entre los sectores mencionados figuran el transporte y los negocios vinculados con la compraventa de automóviles, actividades que, de acuerdo con las investigaciones policiales, han sido aprovechadas por integrantes de organizaciones criminales.
Como ejemplo, Molina mencionó a un grupo identificado como los Domínguez, al que vinculó con negocios dedicados a la venta de ataúdes. Según sus declaraciones, estos establecimientos habrían sido utilizados para lavar dinero procedente de actividades ilegales. El funcionario no precisó durante la entrevista cuántas empresas estaban involucradas, los montos investigados ni la situación judicial de las personas mencionadas.
El jefe policial explicó que la MS-13 y otras pandillas hondureñas modificaron sus métodos de operación con el paso de los años. Señaló que estas estructuras comenzaron con una presencia territorial en barrios y colonias, posteriormente ampliaron sus actividades mediante el cobro de extorsiones y terminaron desarrollando organizaciones con capacidad para cometer distintos delitos y administrar recursos económicos.
Las investigaciones de la DAE también abarcan las actividades de la pandilla 18 y otras organizaciones declaradas terroristas por las autoridades hondureñas. Molina indicó que los grupos criminales mantienen presencia en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Choloma y Comayagua, donde las unidades policiales han identificado sectores utilizados como bases de operación.
El funcionario sostuvo que las recientes reformas penales proporcionan nuevas herramientas para investigar y perseguir a estas organizaciones, mediante operaciones de inteligencia, capturas y allanamientos en territorios considerados de riesgo. Informó que las autoridades contabilizaban 80 detenidos por asociación terrorista desde el inicio de la aplicación de las medidas y que, durante una jornada adicional de operativos, fueron capturadas otras 33 personas.
Molina adelantó que la Policía Nacional continuará desarrollando investigaciones especializadas para identificar a integrantes de las estructuras criminales y afectar sus actividades ilegales. Las operaciones se realizan en coordinación con la Policía Militar del Orden Público y el Ministerio Público, mientras las autoridades buscan debilitar tanto la presencia territorial de las pandillas como los mecanismos económicos que, según las investigaciones policiales, permiten sostener sus operaciones.
