La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, respaldó las acciones policiales contra las pandillas, pero advirtió que deben respetar los derechos humanos y el debido proceso.
En un pronunciamiento sobre el operativo realizado en los departamentos de Cortés y Yoro, que dejó más de 20 presuntos integrantes de estructuras criminales capturados, Castellanos señaló que la seguridad debe avanzar junto con las garantías constitucionales.
La activista consideró legítima la intervención policial ante la extorsión, los homicidios y el control territorial que ejercen grupos criminales. Sin embargo, sostuvo que las capturas no bastan para demostrar una reducción de la delincuencia.
Las detenciones deben respaldarse con investigaciones sólidas
Castellanos advirtió que los operativos no pueden limitarse a redadas aisladas. También pidió una respuesta estatal sostenida y coordinada para desarticular las estructuras criminales.
Además, señaló que cada detenido debe enfrentar una investigación científica e imparcial. El proceso debe garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
DISCULPEN MI CASTELLANO
Derechos humanos: la frontera entre justicia y arbitrariedad
El reciente operativo policial ejecutado en los departamentos de Cortés y Yoro, que dejó como resultado la captura de más de una veintena de presuntos integrantes de estructuras criminales y…
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) November 9, 2026
La directora del CNA también destacó la importancia de contar con fiscales preparados y jueces independientes. Según su planteamiento, los expedientes deben tener pruebas sólidas para evitar que los casos fracasen en los tribunales.
La seguridad no debe justificar abusos de autoridad
Castellanos afirmó que respaldar una política de seguridad firme no implica abandonar los principios democráticos. Por el contrario, sostuvo que el Estado debe combatir el crimen sin incumplir sus obligaciones constitucionales.
También advirtió sobre los riesgos de la improvisación y el autoritarismo en las operaciones policiales.
La funcionaria planteó que el éxito del operativo en Cortés y Yoro debe medirse por sus resultados judiciales y su impacto en la criminalidad, no por el despliegue policial ni por el número de capturas.
