El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sancionó este martes la Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que busca fortalecer la protección de los sistemas informáticos y combatir los delitos digitales.
La legislación corresponde al Decreto 26-2026, aprobado por el Congreso el pasado 3 de noviembre con 121 votos y declarado de urgencia nacional.
Arévalo destacó que la nueva ley forma parte de su estrategia de transformación digital y modernización del Estado.
“Este cambio histórico garantiza la protección de nuestra infraestructura crítica, combate los delitos informáticos y resguarda la seguridad digital de toda la población”, expresó el mandatario.
La normativa establece un marco legal especializado para enfrentar amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el ciberespacio. Además, contempla mecanismos de cooperación entre instituciones públicas, empresas privadas y organismos de investigación.
Nuevas instituciones coordinarán la seguridad digital
Entre los principales cambios figura la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), que estará dirigido por el presidente de la República.
Este organismo integrará a ministros y autoridades vinculadas con la seguridad y los servicios de inteligencia.
Asimismo, la ley establece la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), una dependencia técnica y operativa adscrita al Ministerio de Gobernación.
La legislación también contempla una fiscalía especializada dentro del Ministerio Público para investigar delitos informáticos.
A estas estructuras se suman una unidad de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), órganos jurisdiccionales especializados y la Red 24/7 Guatemala, que funcionará como punto de contacto permanente.
La modernización del Estado ha sido siempre nuestro compromiso, y estamos cumpliendo. Hoy he sancionado el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, un pilar clave dentro de nuestra estrategia de Transformación Digital.
Este cambio histórico garantiza la protección de… pic.twitter.com/I62Czn56r6
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 17, 2026
La normativa establece nuevos delitos informáticos
El Decreto 26-2026 incorpora disposiciones para investigar y sancionar diferentes modalidades de ataques digitales.
Entre las conductas tipificadas figuran el acceso e interceptación ilícitos, los ataques contra datos y sistemas informáticos, la falsificación digital y la apropiación de identidad.
También incluye el fraude informático y el abuso de dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos.
La ley establece penas de prisión según la gravedad de cada conducta. Además, contempla mecanismos de investigación digital y cooperación internacional.
Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones deberá respetar la confidencialidad, la protección de datos personales y las garantías fundamentales.
Ataques a instituciones públicas impulsaron la legislación
La aprobación de la normativa ocurre después de varios incidentes informáticos que afectaron a dependencias estatales guatemaltecas.
Entre estos figuran ataques contra el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2022 y el Ministerio de Finanzas Públicas en 2023.
Posteriormente, el Ministerio de Educación registró otro incidente en 2024.
En 2026 también se reportaron casos relacionados con la Dirección General de Control de Armas y Municiones y el portal Tu Empleo.
Estos episodios evidenciaron los riesgos que enfrentan los sistemas públicos ante ataques informáticos y vulneraciones de seguridad digital.
Gobierno tendrá seis meses para emitir el reglamento
La Ley Marco de Ciberseguridad entrará en vigor 30 días después de su publicación en el diario oficial, realizada este 17 de noviembre.
A partir de esa fecha, el Organismo Ejecutivo tendrá 6 meses para emitir el reglamento correspondiente, mediante el Ministerio de Gobernación.
Además, los ministerios de Gobernación y Defensa dispondrán de seis meses para adaptar sus normativas.
Las demás instituciones tendrán un plazo de hasta un año para ajustar sus reglamentos a las nuevas disposiciones.
Con esta legislación, Guatemala establece una estructura institucional y legal para prevenir ataques informáticos, proteger información y fortalecer la investigación de delitos cometidos en el entorno digital.







