El canciller de la dictadura de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, reivindicó este martes 17 de noviembre “el consenso” como pilar del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), pero omitió que su régimen intentó ocupar la Secretaria General sin consenso y boicoteó durante meses la elección de un candidato de otro país.
La secretaria general del bloque, la costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas, defendió en el mismo foro la institucionalidad regional, admitió sus fallas y pidió acelerar las reformas que siguen pendientes.
Ambos hablaron en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se celebra el 16 y 17 de noviembre en San Salvador.
Además, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, la inauguró el lunes ante delegaciones de 25 países de América, Europa, África y Asia.
Jaentschke asistió como invitado de Ulloa y ocupó un asiento junto a Ajoy. También intervino César Salazar, expresidente de la extinta Corte Centroamericana de Justicia, en una jornada dedicada a la gobernanza.
Sin embargo, el discurso del canciller sandinista evitó cualquier referencia a ese episodio ante los asistentes.

Como disco rayado
Como un guion, el discurso siguió el mismo reclamo que hizo en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid: habló de soberanía, autodeterminación e igualdad jurídica, y advirtió contra las «imposiciones», un término que contrasta con la conducta reciente de Managua dentro del propio SICA.
“Desde la perspectiva de Nicaragua, el primer fundamento de una Centroamérica unida y estable sigue siendo el respeto irrestricto a la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la igualdad jurídica de los Estados. Reconocer que cada sociedad, cada estado, tiene el derecho soberano de construir su propio modelo de organización política, económica y social, de conformidad con su historia, su legislación, sus realidades nacionales y las aspiraciones de su propio pueblo”, dictó el delegado de la dictadura sandinista.
Ajoy, en cambio, planteó que su nombramiento, decidido entre abril y junio por consenso y sin el apoyo de Nicaragua, demuestra el compromiso de los ocho Estados miembros con seguir avanzando en su integración regional, y lo calificó de «decisión histórica».
Lo que calla el canciller sandinista
Jaentschke afirmó que “la diversidad de modelos de gobiernos” debe ser una fortaleza y no un obstáculo para la integración.
Defendió también que la integración «se fortalece con consensos, no con imposiciones», y alertó sobre los intereses externos, a los que calificó como la mayor amenaza histórica a la unidad regional, sin precisar a quiénes se refería.
Los antecedentes, sin embargo, contradicen ese relato. Managua pretendió que la Secretaría General se decidiera por mayoría para colocar a sus aspirantes y bloqueó la elección de un candidato de otro país, lo que paralizó la designación del cargo durante el proceso.
Los demás socios respondieron con un cambio normativo: modificaron el protocolo para elegir por consenso y no por mayoría, como exigía Nicaragua, y cerraron así la vía que buscaba Managua.
Además, los cancilleres y delegados de los otros países vetaron al propio Jaentschke durante ese proceso, junto a otra decena de candidatos propuestos por la dictadura Ortega Murillo, bajo criterios de lealtad partidaria al Frente Sandinsta, partido del poder de la dictadura.
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Agente, espía y represor
El informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, señala al canciller Valdrack Jaentschke como cabeza de la represión transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según los expertos, Jaentschke encabeza a 26 funcionarios que persiguen a opositores y exiliados dentro y fuera de Nicaragua.
El resultado fue la elección de Ajoy por consenso, la misma fórmula que hoy el canciller presenta como una virtud democrática “que debe ser revisada a fondo” y “bajo transparencia”.
El jefe de la diplomacia sandinista calificó la búsqueda de consenso como «una de las formas más profundamente democráticas» de relación entre Estados, sin explicar cómo llegó el bloque a ese punto.
Ajoy defiende gestión y reclama decisiones
La secretaria general optó por un tono institucional ante los reclamos del canciller sandinista.
Con tres meses en el cargo, habló, según dijo, «desde el corazón». Recordó que el SICA cumple 35 años desde 1991 y que esta generación todavía no visibiliza del todo los beneficios que ha traído la integración.
Enumeró activos concretos: un comercio intrarregional cercano al 28%, la compra conjunta de medicamentos, 100 kilómetros de interconexión eléctrica y una marca multidestino para la región.
Asimismo, definió al SICA como «un proceso en construcción», imperfecto pero útil, y se describió como una «tendedora de puentes» entre los ocho países.
Aseguró que sería mentira decir que el sistema no ha funcionado, aunque reconoció que debe mejorar en muchos aspectos y que el talento humano y el compromiso institucional son sus mejores bazas.

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Su plan de trabajo reúne cinco ejes estratégicos y tres transversales, con la modernización y la eficiencia como primer eje. Los jefes de Estado lo evaluarán en la cumbre de Belice, el próximo 18 de diciembre, junto con la reforma que destrabó el bloqueó de Nicaragua.
Por otra parte, anunció un reglamento de transparencia y rendición de cuentas, pues el SICA se financia con recursos públicos de los países miembros y de los socios observadores.
Impulsa, además, una «intersectorialidad profunda» para que las instancias dejen de duplicar esfuerzos.
Puso como ejemplo el fenómeno de El Niño: Cepredenac, el CRRH y Comisca no deben buscar proyectos por separado, sino abordar la amenaza de forma conjunta e integral.
Dos visiones de reforma
Ambos coinciden en que el sistema debe ordenarse. Jaentschke habló de una «burocracia regional» con elevada autonomía política y pidió reducir costos y evitar duplicidades.
Ajoy apuntó a las mismas duplicidades, pero con otro énfasis: más eficiencia, más transparencia y más coordinación entre instancias.
El canciller de la dictadura reclamó cambios graduales “que no alteren la naturaleza del Protocolo de Tegucigalpa”, firmado en diciembre de 1991, ni el modelo de consenso.
En contraste, Ajoy instó a los gobiernos a tomar decisiones y propuso una reforma por niveles, que empiece por extinguir las instituciones sin operación ni funcionarios, dentro de las 71 instancias que ya revisaron las cancillerías.

Más cambios en el protocolo
Admitió que ello exigirá, en algunos casos, reformar el protocolo y modernizarlo.
Un grupo ad hoc, formado por las direcciones jurídicas de las cancillerías, complementará la revisión del universo institucional y respaldará los cambios que decidan los países.
Así, mientras Managua pide cautela ante cambios de fondo, la Secretaría General reclama decisiones.
Además, Jaentschke pidió fiscalizar los acuerdos que las secretarías firman con organismos internacionales, una medida que apunta a restar autonomía a esa burocracia y a reforzar la conducción política de los gobiernos.
La cumbre de Belice mostrará si el consenso que Managua invoca sirve para reformar el SICA o para frenarlo, tras 35 años de espera.







