El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas a 4 leyes para fortalecer la prevención y el combate del lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado.
Los cambios modifican 29 artículos de la Ley Especial contra el Lavado de Activos. También incorporan nuevas reglas para las empresas que operan con criptomonedas.
Además, el paquete reforma la Ley del Sistema Financiero, la normativa sobre actividades y profesiones no financieras y la legislación sobre bienes de origen ilícito.
Empresas de criptomonedas deberán registrar operaciones
Uno de los principales cambios establece controles para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, como las plataformas de intercambio y las billeteras de criptomonedas.
¡Honduras fortalece la lucha contra el lavado de activos!
El Congreso Nacional reformó la Ley contra el Lavado de Activos, fortaleciendo los mecanismos de prevención, detección, supervisión, investigación y combate de este delito.
Con esta reforma se busca robustecer el marco… pic.twitter.com/KRbKanpzxd
— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) November 18, 2026
La reforma crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav). Las empresas que operen en Honduras deberán inscribirse y verificar la información de sus usuarios durante las transacciones.
Asimismo, la normativa prohíbe el de-risking. Esta práctica permite a las entidades financieras cerrar o negar cuentas por perfiles de riesgo sin una evaluación adecuada.
Ahora, bancos, cooperativas y financieras deberán gestionar sus riesgos sin excluir injustificadamente a sus clientes.
Amplían controles sobre profesionales y bienes
Las reformas también incorporan controles para abogados, notarios y contadores cuando realicen operaciones financieras o corporativas en representación de clientes.
Además, incluyen a personas y empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y vehículos.
Por otra parte, el Congreso elevó de $10,000 a $15,000 el monto que obliga a declarar el transporte de dinero en las aduanas.
En materia de bienes de origen ilícito, los cambios establecen límites al aseguramiento de viviendas familiares y exigen medidas cautelares razonables y justificadas.
El decreto modifica 12 artículos de esa legislación para corregir problemas en la administración de bienes incautados.
El Congreso anunció que publicará el decreto en el diario oficial La Gaceta. Su entrada en vigor dependerá de esa publicación.






