Con 50 votos a favor, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate la imposición de penas de cárcel de hasta 15 años de prisión para quienes cometan el delito de robo de combustible en los conductos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La propuesta fue presentada por la anterior administración de Rodrigo Chaves y busca reformar el Código Penal sobre los delitos de robo e introducción ilegal de combustibles para introducir el robo de combustibles a la empresa estatal Recope.
La iniciativa primero fue dictaminada favorablemente con el voto de los diputados de todas las fracciones en la Comisión de Asuntos Jurídicos y ahora se encuentra a la espera de la votación en segundo debate para pasar a manos de la presidenta Laura Fernández y convertirse en ley de la República.
El texto de la iniciativa contempla penas de prisión de 4 a 8 años para quienes tengan bajo su poder de forma ilegal combustible que sea propiedad del Recope; además de penas de 6 a 15 años cuando el robo de combustible se realice por perforaciones, rupturas y manipulación de ductos o del Sistema Nacional de Combustibles.
Asimismo, el proyecto incluye condenas de cárcel de 4 a 8 años para quienes tomen, dañen, alteren o manipulen los sistemas e instrumentos de control, medición y seguridad del Sistema Nacional de Combustibles. Las penas menores son de 3 a 5 años para quienes destinen, autoricen, toleren o faciliten el uso de bienes o inmuebles que sean de procedencia ilícita.
También impone multas
La normativa aprobada en primer debate también impone multas de hasta 15 salarios mínimos. El texto detalla que las empresas deben llevar un registro de las ventas que realicen de más de 100 metros de manguera industrial, donde deberán detallar: el comprador, la cantidad vendida, precio, fecha de compra y medio de pago.
Estos datos del registro tendrían que ser reenviados al Recope cada mes, pero quienes no cumplan con esta medida podrán ser multados hasta con 10 salarios base, es decir, unos 4.622.000 colones costarricenses ($10,362.29).
En caso que el comercio se siga negando a entregar la información requerida, entonces la multa aumentará a 15 salarios mínimos, a unos 6.933.000 colones ($15,543.44) por reincidencia.






