Costa Rica enfrenta un dilema tecnológico que pone bajo cuestionamiento la capacidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para contratar equipos de telecomunicaciones sin depender de la empresa china Huawei. La controversia, reavivada en noviembre de 2026, plantea si el operador estatal se convirtió en un “rehén tecnológico” de un solo fabricante, después de más de una década de inversiones en infraestructura de fibra óptica.
El problema quedó nuevamente expuesto con los procesos de contratación de terminales ópticas de red (ONT) y otros dispositivos utilizados para conectar a los usuarios finales a internet. Entre las adquisiciones cuestionadas figuran adjudicaciones por aproximadamente $7.45 millones, en las que la compatibilidad con los equipos existentes aparece como uno de los principales argumentos para mantener la contratación de tecnología del mismo proveedor.
La dependencia no surgió de manera repentina. Durante más de diez años, el ICE construyó buena parte de su red troncal y de acceso de fibra óptica utilizando equipos de Huawei. Esa infraestructura representa una inversión acumulada que ahora condiciona las posibilidades de incorporar dispositivos de otras marcas. El cuestionamiento central es si las decisiones tecnológicas del pasado terminaron limitando la libertad de contratación de la institución pública.
¿Por qué el ICE podría ser un rehén tecnológico?
El concepto de “rehén tecnológico” describe una situación en la que una institución depende de los productos, sistemas o servicios de un fabricante y enfrenta dificultades técnicas o económicas para sustituirlos. En el caso del ICE, la controversia gira alrededor de la interoperabilidad, es decir, la capacidad de equipos de diferentes proveedores para funcionar dentro de una misma red, un fenómeno que parece repetirse en todos los países donde Huawei opera.
La necesidad de garantizar compatibilidad plena con la infraestructura de Huawei ha sido utilizada como argumento para recurrir a compras directas o mecanismos de contratación cerrados.
Esta dependencia plantea un problema que va más allá de la adquisición de terminales de internet. Si los nuevos dispositivos deben pertenecer al mismo fabricante para asegurar su funcionamiento, las posibilidades de competencia se reducen y el operador estatal podría enfrentar mayores dificultades para negociar precios o evaluar otras tecnologías. Los sectores críticos advierten que esta situación también puede encarecer el mantenimiento y la modernización de las redes a mediano plazo.
Una dependencia que también genera tensiones políticas
El debate sobre Huawei adquiere mayor relevancia por el enfrentamiento que Costa Rica mantiene con la compañía alrededor del desarrollo de las redes de quinta generación (5G). En noviembre de 2024, el Gobierno costarricense acusó a la empresa china de obstaculizar la implementación de esta tecnología en el ICE, en medio de una disputa por las condiciones de ciberseguridad establecidas para participar en las contrataciones públicas.
La entonces ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, cuestionó las actuaciones de la empresa y señaló: “La empresa Huawei coaccionando o tratando de obligar al Estado a no tomar en cuenta el decreto (sobre ciberseguridad) para que ellos se aseguren su participación. Esto lo hacen con el apoyo de dos sindicatos del ICE”.
La acusación evidenció el nivel de confrontación alcanzado entre las autoridades costarricenses y el proveedor tecnológico.
El origen de esa disputa se encuentra en un decreto ejecutivo firmado en 2023, durante la administración de Rodrigo Chaves, que establece requisitos de ciberseguridad para los proveedores de redes 5G. La normativa exige que los países de origen de las empresas participantes sean signatarios del Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia. China, donde tiene su sede Huawei, no forma parte de ese instrumento internacional, lo que restringe la participación de la compañía en las contrataciones sujetas al decreto.
Huawei recurrió a los tribunales para intentar detener la aplicación de las restricciones. La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la empresa, mientras que las medidas cautelares solicitadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo mantenían temporalmente paralizadas las licitaciones del ICE, según los antecedentes proporcionados. La controversia mostró cómo la dependencia de infraestructura tecnológica puede coincidir con disputas judiciales y decisiones gubernamentales que afectan la ejecución de nuevos proyectos.
El entonces presidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda, defendió las restricciones al considerar que eran necesarias para proteger los datos de los ciudadanos y las empresas. “Países como Rusia, Corea del Norte o Irán, que no han firmado el Convenio de Budapest, no pueden venir aquí a ofrecer cosas. Países donde el Gobierno y el Estado, como en China, pueden ordenar a una compañía privada que le pase los datos de todos los ticos (costarricenses), legal o ilegalmente, aquí no va a tener acceso a los datos”, afirmó Chaves durante aquella controversia.






