“¿Uy, y yo para qué quiero eso?”, zanja María Menjívar su rechazo al bitcoin, dos años después de que El Salvador se convirtiera en el primer país en adoptar la criptomoneda. Menjívar, de 60 años, ha vivido de todo desde la depreciación del colón durante el conflicto armado en la década de 1980, la dolarización en 2001 y en 2021 escuchó por primera vez el bitcoin, pero este hecho, asegura la salvadoreña, le fue totalmente indiferente.
Este 7 de septiembre se cumplen dos años de la entrada en vigencia de la Ley bitcoin, que suponía un hito en la política monetaria de El Salvador. La norma establecía la posibilidad de pagar impuestos y la obligatoriedad de que un comercio aceptara como método de pago a la criptomoneda.
La noticia puso en el epicentro a El Salvador entre entusiasmo de los defensores del bitcoin y advertencias de los economistas, que consideraban que la medida representaba un riesgo para la estabilidad fiscal y transparencia. Por su lado, la Administración de Nayib Bukele promovía los beneficios de la criptomoneda como la rapidez de enviar dinero sin intermediarios, menor costo en las transacciones de remesas y un polo de inversión.
Más que un cambio significativo en el día a día de los salvadoreños, la adopción del bitcoin contribuyó a la popularidad del país como destino turístico, señala un informe sobre el clima de inversión de El Salvador publicado el miércoles por el Departamento de Estado de EE. UU.
“Por lo demás, ha tenido un impacto mínimo en la economía salvadoreña. Pocos salvadoreños usan bitcoin”, agrega el informe, que reconoce que “los bajos niveles de adopción han mitigado los riesgos potenciales”.
A inicios de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de emisión de activos digitales, uno nuevo impulso al ecosistema de criptoactivos y que también supondría las bases para que el Gobierno concretara de una vez por todas una polémica emisión de $1,000 millones en bitcoin, que el mandatario salvadoreño promedió en noviembre de 2021.
El reporte del Departamento de Estado señala que las implicaciones de esta legislación están supeditadas, nuevamente, al nivel de implementación. Lo último que se supone sobre esta operación es que la empresa Bitfinex, una de las encargadas de estructurar la emisión, creía que la colocación saldría al mercado entre junio y septiembre de este año.
Sin conquistar las remesas ni el comercio.
El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que los envíos de remesas a través de billeteras digitales de criptomonedas se desplomaron un 28.1 % a julio de 2023.
Entre los primeros siete meses del año se registró el ingreso de $53.1 millones, una cifra que apenas representó un 1.1 % del total de remesas que recibieron los salvadoreños, por más de $4,711 millones.
Las instituciones bancarias y empresas remesadoras se mantienen como las favoritas de los salvadoreños residentes en el exterior al momento de enviar dinero a sus familiares, ambos métodos movilizan el 96.1 % de las remesas.
En los cajeros de la Chivo Wallet, una billetera creada por el Gobierno, esporádicamente se visualizan usuarios y los únicos que se mantienen son los trabajadores o soldados que custodian las unidades.
Los rótulos en los comercios de la capital salvadoreña con la frase “se aceptan bitcoin” son cada vez menos frecuentes. Con excepción de algunas playas en el corredor que el Gobierno llama “Surf City”, donde impera más la curiosidad del turista extranjero.
Lo bueno y también lo malo.
Pocos estudios se han realizado sobre el impacto del bitcoin en El Salvador. La última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que siete de cada 10 salvadoreños creen que la criptomoneda no ayudó en nada a la situación económica de su familia.
Pero, por otro lado, hay reportes que colocan a El Salvador en una posición favorable entre las naciones que aceptan criptomonedas. Según la plataforma Forex Suggest, la nación centroamericana se encuentra en la posición número 10 de 19 países que lideran el mercado inmobiliario criptográfico.
El reporte del Departamento de Estado también recuerda que el Gobierno salvadoreño oculta información sobre los fondos públicos para la construcción de los cajeros Chivo, un fideicomiso de convertibilidad y la compra de 2,860 bitcoins.