Costa Rica, considerado un pionero ambiental a nivel internacional, es uno de los cinco países donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementa un piloto de su más reciente programa de asistencia para enfrentar el cambio climático.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó en abril de 2022 la creación del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS), un instrumento para ayudar a los países con alto índice de vulnerabilidad ante el cambio climático y las pandemias.
Diez meses después, en noviembre de 2022, Costa Rica se convirtió en el primer país al que el FMI aprobó un crédito de $710 millones, avalado por el Congreso costarricense en octubre pasado. Este financiamiento, estructurado con una tasa de interés de 3.7 %, contribuirá en la agenda del país centroamericano para convertirse en una economía carbono cero, además de contemplar la construcción de infraestructura dañada por eventos climáticos extremos.
Junto a Costa Rica, el Fondo implementa un piloto en Barbados, Ruanda, Bangladesh y Jamaica, que en conjunto superan los $3,300 millones.
La línea de créditos para Barbados es de $189 millones, para Ruanda de $319 millones, para Jamaica de $764 millones y Bangladesh tiene el monto más oneroso, en $1,400 millones.
El FMI aspira que el fondo de sostenibilidad cuente con $45,000 millones de recursos, como mínimo. Además, estima que alrededor de un 75 % de los países de ingreso medio y pequeños Estados accedan al financiamiento, que se entrega en vencimientos prolongados de hasta 20 años, incluyendo 10 años de gracia.
“Para tener éxito, el FMI debe acelerar el ritmo de integración del clima en sus herramientas; aumentar la transparencia, incluidos los principios que impulsan el cambio de políticas; aumentar la consulta con organizaciones de la sociedad civil; y garantizar que los principios sean justos y ambiciosos”, señala un análisis publicado en el portal Energy Post Events.
Costa Rica es líder en la región centroamericana en la reducción de las emisiones de gases contaminantes. En 2019, el Ejecutivo lanzó un ambicioso plan con el cual espera llegar a carbono cero en 2050, el cual incluye la migración del parque vehicular a modelos eléctricos, comenzando con el transporte colectivo en 2025, ya que este es uno de los sectores de mayor contaminación.
