La cuestionada empresa china de telecomunicaciones Huawei sufrió una nueva derrota legal en Costa Rica en la batalla por la red 5G luego que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó una medida cautelar contra el decreto del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“Una vez más se confirma la legalidad del decreto de ciberseguridad en redes 5G ya que por segunda vez el tribunal contencioso administrativo rechaza la medida cautelar presentada por Huaewi que buscaba suspender el decreto, Según el tribunal, Huawei no presentó argumentos ni pruebas suficientes para demostrar un daño real causado por el decreto”, aseguró Paula Bogantes, ministra del Micitt.
La compañía de origen chino reclama una exclusión del proceso de 5G debido a que el decreto establece que podrán competir en Costa Rica solo empresas cuya casa matriz esté en un país firmante del Convenio de Budapest. El reglamento, publicado vía decreto en agosto de 2023, establece que las empresas de países que no han firmado el Convenio de Budapest, como el caso de China, no pueden ser consideradas para la implementación de 5G en Costa Rica.
“El tribunal también indicó que el interés público prevalece, la protección de los usuarios y la seguridad nacional fueron priorizadas sobre los intereses particulares de la empresa, esperamos que con este fallo, las tres medidas cautelares pendientes de resolución y las dos acciones de inconstitucionalidad logren una resolución pronta y cumplida”, agregó Boyantes.
Según un comunicado de prensa del Micitt, “la solicitud de Huawei pretendía una excepción para eliminar requisitos o condiciones en el cartel de licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de la red 5G, lo que se consideró una lesión al ordenamiento jurídico”.
En su comunicado, el Micitt defendió que el reglamento “no es discriminatorio ni violenta tratados internacionales, sino es una herramienta técnica y jurídica que busca proteger los derechos e intereses de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, garantizando el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la seguridad de las redes móviles y servicios 5G”.
La petición de investigación fue presentada ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) a petición del ICE, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los diputados oficialistas. Según el gobierno, los denunciados -entre los que figura Yang Peng, apoderado de Huawei Technologies Costa Rica- cometieron delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
El desarrollo de la red 5G en Costa Rica ha desencadenado una disputa diplomática entre Estados Unidos y la República Popular China, poniendo de manifiesto una lucha global por el dominio de las telecomunicaciones y la ciberseguridad, con implicaciones de largo alcance para la tecnología y la soberanía de América Latina.