El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) izó este lunes una bandera negra para urgir al gobierno de Xiomara Castro un diálogo que resuelva la “crisis laboral grave” en la que se encuentran más de 2.3 millones de personas.
“Hemos izado la bandera negra como emblema de profunda preocupación y compromiso hacia los hondureños que luchan por empleos y oportunidades dignas, representando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones urgentes, comenzando por establecer un diálogo”, señaló Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, durante la primera conferencia de prensa ofrecida este 2024.
Cuando Xiomara Castro tomó las riendas del Ejecutivo, en enero de 2022, el Cohep entregó propuestas para reactivar la economía y generar empleos. A lo largo de 2023, el sector privado insistió en un diálogo con el gobierno para paliar el desempleo, pero no hubo respuesta.
En el nuevo pronunciamiento, la gremial sentó postura sobre varios temas coyunturales que aquejan a las familias hondureñas, como la inseguridad ciudadana, la crisis energética y la inseguridad jurídica.
Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), advirtió que Honduras se enfrenta a una crisis educativa, con bajos indicadores de cobertura y matrícula, infraestructura inadecuada y falta de insumos escolares para los docentes.
“El sector privado hondureño se compromete a colaborar con el gobierno para mejorar el entorno laboral, con el fin de crear empleos de mayor calidad y mejorar las condiciones salariales”, añadió Díaz.
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— COHEP (@COHEPHonduras) January 2, 2024
Signos de estancamiento
El Consejo Hondureño considera que la economía muestra signos de estancamiento, con una proyección de crecimiento a finales de 2023 de un 3 %.
Además, cuestionaron la lentitud para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), que, recordó el Cohep, fue promesa de campaña de Castro. Para el gremio, la demora en la puesta en marcha de esta oficina “afecta nuestra reputación a nivel internacional”, así como “intensifica la percepción de inseguridad jurídica y contribuye al aumento de prácticas corruptas”, indicó en el comunicado.
El sector privado se volvió a quejar de la crisis energética en Honduras, que el año pasado generó más de 10,000 apagones y tuvo un costo mensual de $3.5 millones (87 millones de lempiras).
Cohep aseguró que no se oponen a la revisión de exoneraciones fiscales como parte de una reforma fiscal, pero temen que sean utilizadas como herramientas de persecución fiscal y genere más incertidumbre económica.
Asimismo, el sector empresarial rechazó los “ataques innecesarios y contraproducentes” contra el sector privado, que son “dolorosos y difíciles de comprender”.