Fitch Rating subió este martes la calificación soberana de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-‘, con perspectiva estable, tras considerar que ahora tiene un mejor perfil fiscal por el acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Salvador no regresaba al grupo de calificación de la ‘B’ desde febrero de 2022, cuando la agencia aplicó una reducción en la nota que se deterioró en los siguientes años. En la escala de Fitch, la ‘B’ indica que el soberano tiene un riesgo significativo de incumplimiento, pero con margen de cumplir sus obligaciones.
“La mejora de la calificación de El Salvador a ‘B-‘ refleja la reducción de las necesidades de financiamiento y la flexibilización de las restricciones financieras respaldadas por la recuperación del acceso al mercado y el programa del FMI anunciado recientemente”, indicó Fitch en un análisis, que advirtió que la consolidación fiscal impulsará la confianza de los inversionistas en nuevas emisiones de bonos.
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— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 7, 2025
La agencia recordó que el gobierno salvadoreño ha realizado varios movimientos en las cuentas fiscales, como un acuerdo con la banca privada para extender los vencimientos de la deuda de corto plazo y los procesos de recompra de bonos.
Con el acuerdo del FMI, el gobierno salvadoreño se compromete a ejecutar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años. Sin embargo, el programa de asistencia -que abriría un financiamiento adicional de $3,500 millones con la banca multilateral- está sujeto al cumplimiento de condiciones previas, como la eliminación de la obligación de aceptar el bitcoin en el sector privado y el pago de impuestos.
La agencia de riesgo consideró que las medidas contempladas en el acuerdo con el Fondo no encontrarán resistencia en la Asamblea Legislativa, ya que la mayoría es de bancada oficialista.
Además, recordó que el presupuesto general de la nación de 2025 contempla una parte del ajuste fiscal por un fuerte recorte del gasto, sobre todo en las remuneraciones y transferencias a las alcaldías.
Para la agencia, con estos movimientos las necesidades de financiamiento serán manejables entre 2025 y 2026, con una disminución del déficit y las amortizaciones de corto plazo.
Aun así, estima que el déficit fiscal con pensiones se mantendrá sobre el 2 % del PIB y se financiará a través de recursos con las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Aunque los desembolsos del FMI cubrirán los déficits, Fitch advirtió que la capacidad de pago estará bajo presión a mediano plazo cuando aumenten los costos de endeudamiento y se vuelvan a pagar las obligaciones con la AFP, que ahora mismo tienen un período de gracia desde mayo de 2023.