Gobierno panameño dice que continuará auditoría a concesionaria de puertos pese a venta

La Contraloría panameña audita a la firma china que dirige Panama Ports y además tiene pendiente un recurso de inconstitucionalidad contra la concesión.

Puerto Cristóbal, Panamá, una de las terminales marítimas controladas por la empresa china Panama Ports Company.

El gobierno de Panamá anunció este martes que la auditoría que realiza  la Contraloría General de la República a la concesión de puertos a una compañía china continuará pese al anuncio de que la empresa será vendida a un consorcio estadounidense.

“La Contraloría General de la República se encuentra en un proceso de auditoría a Panama Ports Company que debe continuar hasta su finalización, y cuyas conclusiones serán un factor importante por parte del Gobierno Nacional respecto de una nueva relación con el concesionario”, dijo el gobierno de José Raúl Mulino en un comunicado la tarde del martes.

CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong y concesionara de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, anunció que un consorcio estadounidense, integrado por BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd., alcanzó un acuerdo de principio para adquirir unidades que poseen el 80% del grupo Hutchison Ports, el cual opera 43 puertos en 23 países. El consorcio adquirirá el 90% de Panama Ports Company, que gestiona los puertos del país canalero.

“Tras el anuncio público entre BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited; y CK Hutchison Holdings Limited el Gobierno Nacional informa que se trata de una transacción global, entre compañías privadas, motivada por intereses mutuos para llevarla a cabo”, reaccionó el gobierno panameño.

En el comunicado, el gobierno de Mulino aseguró que “velará a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales, previo a cualquiera decisión por parte de AMP en representación del Gobierno Nacional de Panamá”.

 

La empresa ha administrado los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá bajo una concesión que se firmó por primera vez en 1997 y que, en 2021, se extendió hasta 2047. Sin embargo, el gobierno panameño había estado considerando la posibilidad de cancelar su contrato con CK Hutchison.

La Contraloría de Panamá lanzó una investigación sobre el contrato en enero pasado y una demanda de inconstitucionalidad sobre la concesión parecía encaminada a anularla. El procurador general de Panamá, Luis Carlos Gómez dijo la semana pasada que el contrato era claramente inconstitucional.

La agencia Bloomberg había dicho a inicios de febrero que el gobierno de José Raúl Mulino estaba considerando la posibilidad de cancelar los contratos de CK Hutchison en medio de presiones de la administración Trump sobre la influencia de la República Popular China en el Canal de Panamá.

En enero pasado, el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, denunció que las instalaciones portuarias chinas en ambos extremos del Canal de Panamá representaban una amenaza militar y podrían ser utilizadas por Pekín en una crisis para cerrar el transporte militar.

Según CK Hutchison, las transacciones generarán ingresos en efectivo por 19 mil millones de dólares para la compañía china. Las negociaciones se realizarán en forma exclusiva durante un período de 145 días, afirmó la empresa.

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