Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals que se mantiene paralizada desde noviembre de 2023, anunció este viernes que decidió suspender el arbitraje internacional contra Panamá.
La decisión ocurre después de que el Ministerio de Comercio e Industria señaló este jueves, a través de un comunicado, que no se establecerán “diálogos constructivos” con la empresa minera mientras los arbitrajes se mantengan en curso.
“Cualquier posible acercamiento dependerá de la suspensión inmediata de estos procesos”, afirmó la institución, que como voto por parte del gobierno panameño se autorizó la exportación del cobre extraído en el yacimiento de cobre más grande de Centroamérica antes de su cierre.
“Hemos girado instrucciones a nuestros abogados para reunirse con el equipo legal del gobierno para trabajar en la suspensión de los arbitrajes”, señaló la empresa en un comunicado firmado por su gerente, Manuel Aizpurúa.
Cobre Panamá cerró el yacimiento de más de $10,000 millones después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el 27 de noviembre de 2023 en medio de una ola de protestas de cuatro semanas porque el expresidente Laurentino Cortizo amplió el período de explotación.
El gobierno de José Raúl Mulino enfrenta siete arbitrajes internacionales impuestos por la minera canadiense, que alega daños y perjuicios en su operación. Uno de los procesos se encuentra en la corte de Miami, donde demanda una compensación de $20,000 millones en indemnización por el cierre del proyecto.
El Gobierno de Panamá ratifica la posición clara y firme del Pdte. @JoseRaulMulino respecto a Cobre Panamá, priorizando siempre los intereses del país y el respeto a la institucionalidad.
Adjunto comunicado oficial⬇️ pic.twitter.com/x33EFJ4Q7I
— Julio A. Moltó A. (@moltojulio) March 14, 2025
En conferencia semanal, el presidente Mulino dijo este jueves que la reactivación de la minería es su primer punto en agenda, pero hasta 2026. “No podemos hacer nada para parar esas demandas. Son pretensiones de empresas muy grandes que sienten que el cierre de la mina y con justificada razón, les truncó una inversión multimillonaria”, afirmó el mandatario, al tiempo que reconoció que el cierre de la operación sentó un golpe a las finanzas.
La minera operaba en Panamá desde 1997 y a partir de 2019 producía más de 300,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, equivalente a un 75 % de las exportaciones y un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, el Ministerio de Comercio afirmó que una vez se cancelen los arbitrajes “podremos avanzar en la autorización de manera abierta y pública del destino” del concentrado de cobre almacenado en la mina. “Consideraremos los aspectos ambientales y el mejor beneficio para el país. Cualquier decisión será tomada con responsabilidad, transparencia y en cumplimiento de la ley”, sostuvo.
Comercio insistió que estudia la operación de la planta termoeléctrica ubicada en la mina para uso en beneficio del sistema eléctrico, sin que implique la activación del yacimiento.