La agencia Moody’s Ratings subió la calificación de riesgo de la deuda de Nicaragua de B3 a B2 por un aumento superior al previsto en las reservas internacionales de liquidez.
La agencia mantuvo la perspectiva estable, por lo que no se vaticinan cambios bruscos en el corto plazo.
A través de un comunicado, la agencia explicó que la mejora en la calificación responde a que el perfil crediticio de Nicaragua se ha fortalecido por la acumulación de las reservas fiscales y externas como “resultado de los esfuerzos políticos concertados de las autoridades para mitigar los desafíos de los mercados internacionales”.
“La calificación B2 también tiene en cuenta las instituciones débiles y la alta susceptibilidad al riesgo de eventos, particularmente al riesgo político”, añade la agencia, al tiempo que reconoce que la perspectiva puede cambiar ante sanciones más estrictas y un aumento en el costo de la deuda.
Resultados fiscales después de la reforma de 2019
A pesar del cierre del mercado soberano, la agencia considera que la economía se protegerá por los superávits fiscales y cuenta corriente, así como el esfuerzo por atraer “inversión china”.
El déficit fiscal del gobierno nicaragüense pasó de 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 a un superávit (más ingresos que gastos) de un 0.8 % en 2022 debido al aumento de los ingresos tributarios por la reforma fiscal de 2019, además de una moderación de los salarios públicos y el gasto social.
Para 2023, Moody’s estima que el superávit se amplió a un 1.5 % del PIB, que permitió aumentar a un 10.2 % del PIB los depósitos del banco central. La agencia estima que este indicador se sitúe en un 0.1 % en 2024.
Entretanto, la deuda del gobierno central se situó en un 45 % del PIB en 2022, para disminuir a un 42.4 % en 2023. “La deuda de Nicaragua sigue siendo más baja que la de la mayoría de sus pares con calificación ‘B’, a pesar de enfrentar múltiples shocks consecutivos, incluidas protestas generalizadas en 2018-19, que paralizó la actividad económica y la pandemia de 2020”, señala.
Las obligaciones del gobierno central disminuirán a un 41.2 % del PIB en 2024 y a un 40.7 % en 2025, de acuerdo con proyecciones de la agencia.