Panamá enfrenta una semana decisiva para su imagen financiera internacional. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tienen previsto revisar este viernes 9 de octubre en Luxemburgo la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la que el país centroamericano permanece actualmente.
La importancia de la decisión está en el reducido grupo en el que figura Panamá: después de la actualización de febrero de 2026, únicamente 10 jurisdicciones quedaron en el Anexo I europeo, entre ellas Rusia, Vietnam, Guam, Anguila, Palaos y Panamá.
El señalamiento europeo contra Panamá se concentra en su régimen de exención para determinadas rentas de fuente extranjera. En su última evaluación, el Consejo de la UE sostuvo que el país mantenía un régimen considerado perjudicial y que las observaciones pendientes todavía no habían sido resueltas.
Para responder a esos cuestionamientos, Panamá aprobó en mayo la Ley 526 de 2026 sobre sustancia económica, que modifica el Código Fiscal y establece requisitos para empresas de grupos multinacionales que reciben determinadas rentas pasivas del exterior, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.
La reforma busca demostrar que las compañías que reciben esos beneficios fiscales mantienen una actividad económica real en Panamá y no son únicamente estructuras creadas para canalizar ganancias. La normativa también incorpora una cláusula antiabuso y cambios al concepto de establecimiento permanente, y comenzará a regir en el período fiscal de 2027.
Una eventual salida representaría otro avance para Panamá después de que la Unión Europea también lo retirara en 2025 de su lista de terceros países de alto riesgo por deficiencias en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esa exclusión entró en vigor en agosto del año pasado.
La relación de Panamá con la lista fiscal europea ha tenido varios capítulos. El país estuvo entre las 17 jurisdicciones incluidas en la primera lista adoptada en diciembre de 2017, fue retirado en enero de 2018 después de asumir compromisos de reforma y volvió posteriormente al listado por incumplimientos señalados por el bloque.
La decisión de este viernes determinará si las reformas realizadas son suficientes para que Panamá abandone nuevamente el grupo de jurisdicciones consideradas no cooperadoras. La exclusión sería especialmente relevante para un país que busca reforzar la reputación de su centro financiero, reducir cuestionamientos internacionales y mejorar las condiciones para atraer inversión y operaciones empresariales globales.