Tras la elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela, en la que el candidato de la oposición democrática se impuso con una diferencia de más de treinta puntos porcentuales, el Consejo Nacional Electoral, bajo control del régimen autoritario que gobierna Venezuela, anunció un resultado incoherente que nadie aceptó.Esta situación originó una serie de protestas que fueron brutalmente reprimidas entre el 29 y el 31 de julio, así como un proceso de persecución y arresto de opositores que se mantiene hasta el día de hoy.Todo ello pareciera indicar que Venezuela avanza rápidamente hacia un proceso de consolidación de un régimen autoritario que podría regir el destino del país por años, como hoy sucede con Cuba, Nicaragua, Turquía o Bielorrusia.
Probabilidades de cambio
Aunque nuestra intuición en un primer momento se inclinaba hacia un escenario de consolidación autocrática, un análisis más detallado de la situación indica que se ha conformado un balance similar al que existía antes del triunfo electoral de la oposición. Esto mantiene las probabilidades de una transición política en el mismo nivel en el que estaba antes de que se produjera el fraude electoral del pasado 28 de julio.Esta conclusión, que puede resultar contraintuitiva, se confirma por una encuesta realizada en el mes de octubre –y que por razones de seguridad no se ha hecho pública–, en la que se constata que la expectativa de cambio político, así como la confianza en el liderazgo de María Corina Machado y el respaldo a Edmundo González-Urrutia, se mantienen en los niveles del mes de julio.Es así como la incertidumbre y expectativas sobre lo que ocurrirá el próximo 10 de enero, fecha en la que se inaugura el próximo periodo presidencial en Venezuela, han tomado un nuevo impulso a raíz del triunfo electoral en Estados Unidos –para un segundo mandato tras el periodo 2016-2020– del republicano Donald Trump.
Enero será clave
La estrategia que implementará el nuevo presidente estadounidense en el caso de Venezuela no está clara todavía. Lo que sí es predecible es que Kamala Harris hubiese adoptado medidas diametralmente opuesta a las de Trump durante su primer mandato, cuando aplicó fuertes sanciones sobre el gobierno venezolano. Digo esto tomando en cuenta que la candidata demócrata fue parte de la administración saliente, que ha mantenido negociaciones y flexibilizado las sanciones sobre el país.Las incógnitas continuarán hasta enero, cuando se produzca la juramentación de Maduro ante la Asamblea oficialista (el 10 de enero) y Trump asuma su cargo (el 20 de enero). Será entonces cuando el nuevo presidente estadounidense deba mostrar su posición, que podría ser una versión revisada de la asumida en su anterior administración.Trump se encontrará no solo con una elección fraudulenta, como la de 2018, sino también con un resultado que debería traducirse en la salida de Maduro y la juramentación de González-Urrutia como presidente electo.
La cuestión petrolera
Un aumento de la presión sobre el gobierno venezolano no implica que se vayan a desconocer las licencias que otorgó el Departamento del Tesoro a algunas petroleras estadounidenses tras la firma, en noviembre de 2023, del Acuerdo de Barbados. Con dicho acuerdo entre gobierno y oposición quedó trazada la hoja de ruta para las elecciones en las que la oposición derrotó al gobierno en julio de 2024.De hecho, el gobierno de Biden acaba de aprobar la renovación de dichas licencias seis meses más, con el fin de preservar los activos de las empresas petroleras que operan en Venezuela. Al fin y al cabo, los intereses del sector petrolero estadounidense tienen especial peso para Trump. Tradicionalmente, las conexiones de este sector han estado más vinculadas al Partido Republicano, que ahora dominará no solo el Ejecutivo, sino también el poder legislativo de EE.UU.Es importante tener claro que las empresas petroleras no están interesadas en la defensa del gobierno de Maduro, sino en el impacto de las sanciones sobre sus propios intereses. Asimismo, saben que las posibilidades reales de tener condiciones más estables y predecibles para sus inversiones y negocios dependen de un cambio político e institucional en Venezuela.
La cuestión migratoria
Otro tema que debe considerarse en la relación de Trump con Venezuela es la política migratoria. Si revisamos su narrativa durante la campaña, la migración ha vuelto a ser uno de los temas clave. Los mensajes de campaña acerca del cierre de fronteras y las deportaciones posiblemente se traduzcan, una vez en el poder, en políticas públicas contundentes que afectarán, para bien o para mal, la relación con el gobierno venezolano.La migración venezolana, una de las más grandes del mundo (desde 2015 han salido del país más de siete millones y medio de personas), ha sido protagonista de muchos problemas en América Latina y Estados Unidos.Aunque existe la tesis de que si se retirasen las sanciones se reducirían las razones de un nuevo éxodo desde Venezuela, hay estudios que reflejan que los venezolanos están empezando a migrar de nuevo por sus expectativas políticas, la percepción sobre la libertad y el interés en un futuro que no es posible si no se produce un cambio político.
Más presión sobre Miraflores
Es muy probable que la llegada de Trump a la Casa Blanca para un segundo periodo se traduzca en un escenario de mayor presión sobre el gobierno de Maduro. La cercanía y participación en el segundo mandato trumpista del multimillonario Elon Musk y del senador Marco Rubio, públicamente comprometidos con la oposición al gobierno de Maduro, parecen darle impulso a esta tendencia.Es por ello que, desde el palacio presidencial de Miraflores, ya se han enviado mensajes de la buena disposición del gobierno venezolano a negociar con el presidente estadounidense.Negociación que, para el gobierno de Maduro, no incluiría un acuerdo sobre cambio político, pero sí el retiro de todas las sanciones a cambio de la entrega de petróleo bajo condiciones especiales. Lo que intenta es que, de manera pragmática, Trump prefiera no arriesgarse a repetir el fracaso del periodo 2018-2020 y consolidar así un autoritarismo hegemónico que terminaría impactando el futuro de la democracia en toda la región.
