Uno de los objetivos de la visita del presidente chino Xi Jingping a Perú era la inauguración del puerto de Chancay, una obra faraónica de $3,600 millones que no es solo una impresionante infraestructura sino también un monumento a la corrupción y a los temores del uso militar por parte de China en Sudamérica.
Originalmente, estaba previsto que la presidenta peruana Dina Boluarte y Xi Jinping asistieran juntos a la inauguración del puerto de Chancay. Sin embargo, debido a las continuas protestas locales y las preocupaciones sobre las multitudes que se reúnen para expresar sus quejas, esto ahora se llevará a cabo de manera virtual en el “Palacio de Gobierno” en Lima el 14 de noviembre, justo antes de la Cumbre de Líderes de APEC.
Una vez completado, el puerto de Chancay se convertirá en el puerto de aguas profundas más grande de América del Sur, capaz de atracar grandes buques portacontenedores de 18.000 TEU.
La sombra de la corrupción
Si bien inicialmente se lo consideró una oportunidad económica para la economía en crisis del Perú, varias preocupaciones y acciones no transparentes han dado lugar a una controversia continua.
La corrupción y supuesta venta de intereses nacionales por parte de la presidenta Boluarte y su equipo han ensombrecido el proyecto.
La presidenta ha aparecido anteriormente en eventos públicos luciendo múltiples relojes Rolex de origen desconocido, lo que ha levantado sospechas de corrupción y soborno. En marzo, las autoridades judiciales y la policía registraron su residencia y el palacio presidencial, y encontraron alrededor de diez relojes de lujo, junto con varias piezas de joyería. Aunque todavía no ha dado una explicación clara sobre su origen, las especulaciones entre los políticos peruanos vinculan estos artículos al embajador chino Song Yang y al Grupo COSCO, que tiene los derechos exclusivos para operar el puerto. Se informa que esta riqueza y las tareas delegadas por Beijing son parte de un intercambio, ya que la presidenta también recibió equipo antidisturbios para protegerla a ella y a sus asociados. Además, la presidenta supuestamente ha realizado tareas que afectan a otros países, entre ellas:
“Las negociaciones que llevaron al control exclusivo de Cosco sobre Chancay, y en particular la prisa del gobierno de Boluarte para cambiar sus propias leyes para satisfacer a China, otorgando a Cosco derechos no disfrutados ni siquiera contemplados por ningún otro operador en el país, ilustran poderosamente cómo la República Popular China hace negocios y asegura sus intereses comerciales y estratégicos”, señala el reconocido académico estadounidense, Dr. Evan Ellis, especialista en la relación China-América Latina.
Luego ha ha habido un notable impacto en la comunidad local, que ha generado protestas.
La zona era originalmente un pequeño pueblo pesquero con una población de 60.000 habitantes, que dependía principalmente de la pesca y el turismo. Boluarte y su equipo han seguido adelante, sin consultar a los residentes, con la transformación del puerto de Chancay en un puerto de gran escala bajo la justificación de que unirse a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China beneficiaría a la economía del Perú.
Cinco años de construcción con explosivos han dañado significativamente las casas circundantes, afectado el bienestar de las mujeres y los niños y perturbado gravemente el ecosistema pesquero local, del que depende la comunidad. A pesar de esto, el equipo de construcción chino, mediante la intimidación de los residentes y la colusión con los funcionarios, ha suprimido información sobre los daños. Los residentes locales planeaban protestar directamente ante Boluarte y Xi Jinping durante la inauguración del puerto.
Entrega total a China
Pero además hay cuestionamientos serios sobre la concesión a China que tendrá control exclusivo sobre la terminal. Los derechos operativos del puerto se han otorgado en su totalidad a China.
Originalmente, China iba a ayudar en la construcción del puerto, pero se suponía que la Autoridad Portuaria Nacional del Perú se encargaría de gestionar aspectos críticos de la seguridad y las operaciones, incluida la concesión de contratos operativos a operadores portuarios internacionales, varios de los cuales son reconocidos en América del Sur. Sin embargo, sin ninguna discusión pública, se otorgaron derechos exclusivos a China, con un plazo mínimo de 30 años.
Esto también ha generado temores de un posible uso militar que podría convertir a Perú en una plataforma de lanzamiento para China en un conflicto con los Estados Unidos.
Numerosos informes han señalado avistamientos de personal militar chino en el puerto y las oficinas administrativas, participando en actividades que van más allá de las operaciones portuarias comerciales.
“Más allá de la importancia logística estratégica de Chancay, en caso de una guerra que involucre a China en el Indo-Pacífico, tener un puerto operado por una empresa con sede en la República Popular China en el extremo oriental del Pacífico, supervisado por un gobierno cuya orientación política futura y capacidad de supervisión es incierta, presentaría preocupaciones estratégicas militares para Estados Unidos”, ha advertido el Dr. Ellis.
Las secciones del norte del terreno del puerto están designadas para grandes estaciones de comunicación y almacenes fuertemente fortificados, así como dormitorios e instalaciones de entrenamiento. Aumentan las preocupaciones internas de que este puerto podría convertirse en una base similar a la base militar de China en Yibuti, posicionando a Perú como un posible sitio para operaciones militares chinas contra los Estados Unidos. Ahora que el control del puerto está completamente en manos chinas, Perú corre el riesgo de convertirse en un futuro campo de batalla.
El reconocido periodista Juan Pablo Cardenal, Editor de Análisis Sínico, advirtió recientemente en un artículo que “Chancay es el primer puerto de aguas profundas en América Latina sobre el que Cosco tendrá pleno control operativo” y recuerda que “como ocurre con otros gigantes estatales chinos, sobre la naviera se proyecta la alargada sombra del gobierno chino”.
Cardenal coincide con Ellis que “por la naturaleza y escala de una infraestructura portuaria de aguas profundas, podría convertirse más adelante en una base naval que dé apoyo logístico y permita la reparación, el reabastecimiento y la escala de buques de guerra”.
“Esto es importante en el contexto de la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos (los dos principales socios comerciales de Perú), en el cual un enfrentamiento bélico entre ambos en el Pacífico a propósito de Taiwán no es en absoluto descartable. Es desconcertante que una cuestión tan relevante haya estado ausente del debate público”, señala Cardenal.
Y sobre Cosco, Cardenal recuerda que esa empresa “ya participó en el pasado en ejercicios mixtos y ha apoyado operaciones de la Armada china. Además, está sujeta a un control estricto. Está obligada por ley a incluir un comité del Partido Comunista (PCCh) en su estructura corporativa y a colaborar en la recopilación de información y en la movilización de la defensa nacional”.
Interferencia en la participación de Taiwán
Otro hecho significativo es que en la cumbre de la APEC en Perú, se están tomando medidas para interferir con la representación de Taiwán. Esto incluye boicotear una invitación al delegado original de Taiwán, el exvicepresidente JJ Chen, un experto en salud pública de renombre mundial, lo que provocó que Taiwán buscara un sustituto de último momento.
Durante la cumbre, se están realizando esfuerzos para otorgar a China los derechos de sede de la APEC en 2026 sin consenso entre los estados miembros, incorporando esto en los documentos oficiales. Varios países se oponen a esto, temiendo que Beijing pueda aprovechar la oportunidad para ejercer presión sobre Taiwán, otro miembro de la APEC. Esta medida posicionaría al neutral Perú como cómplice de la campaña de Xi Jinping contra Taiwán, lo que podría dañar la imagen del Perú y sus relaciones con Taiwán, económicamente dinámico.