Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Desde 2020, los cubanos han sufrido la caída de los salarios, el deterioro de los servicios públicos, cortes regulares de electricidad, una grave escasez y un creciente mercado negro. Cientos de miles de personas han huido del país.
Algunos culpan de esta situación desesperada al gobierno cubano y a su mala gestión de la economía. Otros apuntan a los daños causados por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 1962.
Pero, ¿cuál de las dos tesis es más cierta? Ambas. Estados Unidos ha causado daño deliberadamente, mientras que las políticas erróneas del gobierno cubano se deben a la inercia y a un error de cálculo.
Oficina Nacional de Estadísticas e Información, CC BY
El caso contra el gobierno
En enero de 2021, el gobierno cubano introdujo importantes reformas monetarias y de precios. Las reformas, que implicaban la devaluación del peso cubano de uno por dólar estadounidense a 24 por dólar, debían iniciar un proceso de alineación de los precios cubanos con los mercados internacionales.
Se esperaba que la medida incentivara la reestructuración económica y la innovación para mejorar la eficiencia, reducir la dependencia de los bienes importados y, finalmente, estimular las exportaciones.
Pero las cosas no salieron como estaba previsto. Los salarios del sector público se habían más que triplicado en diciembre de 2020 para proteger el nivel de vida en previsión de las subidas de precios derivadas del mayor coste de las importaciones. Sin embargo, este aumento salarial fue rápidamente superado, ya que el aumento de los costes y del poder adquisitivo de los consumidores hizo subir los precios e inició una espiral inflacionista.
La tasa de inflación se ha suavizado desde entonces. Pero la tasa oficial anual sigue siendo alarmantemente alta, de alrededor del 30 % (más del doble de la media regional latinoamericana).
En general, el Caribe ha experimentado una fuerte recuperación económica pospandémica. Pero la renta nacional de Cuba sigue estando muy por debajo de su nivel anterior a la crisis y, con unos ingresos de exportación aún deprimidos y una dependencia de las importaciones incontrolada, hay pocos indicios de que se haya producido una reestructuración.
El efecto de las sanciones estadounidenses
El efecto de la coerción económica estadounidense es menos obvio, pero no menos significativo. Cuba ha estado bajo un embargo comercial estadounidense durante los últimos 60 años, pero una nueva corriente de medidas se introdujo bajo la presidencia de Donald Trump (2017-21). Las políticas de Trump recortaron los ingresos por servicios, interrumpieron el suministro de combustible, bloquearon las remesas y disuadieron la inversión extranjera.
El crecimiento fue tenue y la escasez ya empezaba a aflorar en 2019. Pero la acción más devastadora llegó en enero de 2021. Uno de los últimos actos de Trump en el cargo –ocurrido pocos días después de la reforma monetaria– fue añadir a Cuba a la lista estadounidense de “estados patrocinadores del terrorismo”.
El efecto de esto ha sido enorme. Las entrevistas que realicé con representantes de empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba y con funcionarios cubanos responsables de la gestión del comercio internacional confirman que las empresas extranjeras retrasaron los pagos y cancelaron abruptamente los envíos de importaciones, los contratos de exportación y los planes de inversión en los meses siguientes.
Los consiguientes cuellos de botella en el suministro y la pérdida de divisas dispararon la inflación, aumentando la frustración y la incertidumbre e impidiendo la recuperación.
Pero quizás el mayor error de Cuba fue dar crédito a la retórica de Joe Biden en su campaña electoral estadounidense de 2020. Biden habló de la “fracasada política hacia Cuba” de Trump y prometió revertir sus “dañinas” políticas. Si eso hubiera ocurrido, una restricción más suave habría permitido cierta posibilidad de una respuesta positiva de la oferta a las reformas monetarias.
A pesar de sus promesas electorales, Biden ha mantenido las sanciones, lo que ha obstruido el acceso de Cuba a las divisas, poniendo la inversión necesaria para la reestructuración fuera de su alcance.
Mal momento
La pandemia también ha contribuido a la agitación económica. Cuba respondió a la COVID-19 cerrando sus fronteras e imponiendo estrictos bloqueos. Esto provocó una fuerte contracción económica y un grave agotamiento de sus reservas de divisas.
La pandemia también tuvo un impacto dramático en la economía mundial. Los elevados precios del combustible y de los alimentos agravaron la escasez de divisas de Cuba, y los suministros se vieron aún más afectados por los cuellos de botella logísticos y los elevados costes de transporte.
Cuba había logrado contener el virus excepcionalmente bien a lo largo de 2020. Pero en 2021 se produjo una gran conmoción cuando Cuba tuvo que hacer frente a un aumento de casos de una nueva variante.
Las sanciones de EE.UU. bloquearon el acceso a las fuentes de apoyo contra la COVID-19 que ayudaban a aliviar las dificultades en otros países. Como consecuencia, el gobierno no tuvo más remedio que recortar la inversión y no pudo evitar el descenso de los salarios reales.
Buscando una salida a la crisis
El descontento alimentado por las restricciones de la COVID-19 y la escasez generalizada dio lugar a protestas, que revelaron el hartazgo con la forma en que los dirigentes cubanos habían respondido a estos retos. Se considera que los funcionarios han tardado en reconocer plenamente los errores de cálculo del gobierno o el grado de penuria que están experimentando los hogares cubanos.
A medida que la tasa de inflación disminuye gradualmente, el gobierno está empezando a esbozar una estrategia de recuperación. Sin que se vislumbre el fin de las sanciones estadounidenses, la atención se centra en la reforma del sistema económico.
Las reformas son de amplio alcance y pretenden atajar las distorsiones económicas y la inercia heredadas de décadas de estricto control centralizado. Incluyen una reducción gradual de las subvenciones a los precios, una asistencia social más selectiva, la mejora de la eficacia y capacidad de respuesta de la burocracia estatal y la apertura a las empresas privadas.
El objetivo es estimular la innovación, impulsar la inversión y mejorar los servicios públicos, lo que a la larga debería elevar el crecimiento y mejorar el nivel de vida.
Pero el proceso de reestructuración será difícil. Habrá ganadores y perdedores, y la resistencia al cambio es inevitable. El proceso de reforma y recuperación también depende de la recuperación de la confianza de los ciudadanos y los inversores, así como de evitar nuevos choques externos o golpes deliberados por parte de Estados Unidos.
Emily Morris, Research Associate, Institute of the Americas, UCL
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
