El presidente electo Donald Trump dijo frecuentemente durante la campaña presidencial de 2024 que planea lanzar la operación de deportación masiva más grande de la historia del país en su segundo mandato.
Trump se ha comprometido a llevar a cabo esta labor valiéndose de una oscura ley del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La ley faculta a los presidentes para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países que están en guerra con Estados Unidos. Los presidentes estadounidenses han emitido proclamaciones ejecutivas e invocado esta ley tres veces : durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las tres instancias se dieron después de que el Congreso declarara la guerra.
¿Por qué molestarse en desempolvar una ley de 226 años de antigüedad?
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros podría facilitarle mucho al gobierno de Trump la captura, detención y deportación rápida de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal, ya que la ley permite a los presidentes eludir los tribunales de inmigración.
En mi opinión, si Trump utiliza la Ley de Enemigos Extranjeros para llevar a cabo sus planes de deportación masiva, es casi seguro que desencadenará importantes batallas judiciales en las que el texto, la historia temprana y los usos anteriores de esta ley anticuada ocuparán un lugar central.
Orígenes represivos y reacción populista
La Ley de Enemigos Extranjeros se remonta a fines del siglo XVIII, cuando los federalistas, uno de los primeros partidos políticos, controlaban el Congreso. Los federalistas querían un gobierno nacional fuerte, así como relaciones diplomáticas y comerciales armoniosas con Gran Bretaña.
Los federalistas se indignaron cuando el gobierno francés empezó a confiscar barcos mercantes estadounidenses en el Caribe que comerciaban con Gran Bretaña, contra la que Francia estaba en guerra en ese momento.
El opositor Partido Demócrata-Republicano, liderado por Thomas Jefferson, apoyó a Francia en su lucha contra Gran Bretaña.
Los federalistas del Congreso consideraban que la postura pro-Francia de Jefferson iba en contra de los intereses estadounidenses. También les preocupaba que los demócratas-republicanos estuvieran respaldados por miles de inmigrantes franceses e irlandeses que tenían cierta influencia política en grandes ciudades como Filadelfia y Nueva York.
En 1798, los federalistas intentaron sofocar la oposición interna aprobando las Leyes de Extranjería y Sedición, una serie de leyes controvertidas que prohibían la disidencia política al limitar la libertad de expresión. Las leyes también dificultaban que los inmigrantes se convirtieran en ciudadanos.
Una de estas leyes fue la Ley de Enemigos Extranjeros, que dio a los presidentes amplia autoridad para controlar o expulsar a los no ciudadanos de 14 años o más si tenían vínculos con enemigos extranjeros durante tiempos de guerra declarada.
Las leyes de extranjería y sedición provocaron una tormenta de críticas poco después de su aprobación, incluso por parte de Jefferson y James Madison, quienes afirmaron que los estados tienen el derecho y el deber de declarar inconstitucionales algunas leyes federales. La reacción populista contra las leyes de extranjería y sedición ayudó a impulsar a Jefferson y a los demócratas republicanos a la victoria en las elecciones presidenciales de 1800. Casi todas las leyes de extranjería y sedición fueron revocadas o se les permitió expirar.
Sólo sobrevivió la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley promulgada sin fecha de vencimiento.
La historia de la Ley de Enemigos Extranjeros
Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos, invocó por primera vez la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Guerra de 1812 con Gran Bretaña, que se desencadenó por varias razones, entre ellas el comercio y el control territorial de América del Norte.
Madison invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en 1812 al proclamar que “todos los súbditos de Su Majestad Británica, residentes en los Estados Unidos, se han convertido en enemigos extranjeros”.
Pero en lugar de imponer deportaciones masivas, la administración de Madison simplemente exigió que los ciudadanos británicos que vivían en Estados Unidos informaran su edad, dirección residencial, tiempo de residencia y si habían solicitado la naturalización.
Más de 100 años después, el presidente Woodrow Wilson invocó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Primera Guerra Mundial en abril de 1918.
Wilson utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para imponer restricciones radicales a la residencia, el trabajo, las posesiones, la expresión y las actividades de los extranjeros procedentes de lugares con los que Estados Unidos estaba en guerra: Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Las mujeres nacidas en Estados Unidos casadas con personas nacidas en esos lugares también eran consideradas “extranjeras enemigas”.
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos vigiló cuidadosamente a aproximadamente medio millón de alemanes en Estados Unidos para asegurarse de que cumplieran las restricciones de Wilson.
Otros 6.000 “extranjeros enemigos” alemanes fueron arrestados y enviados a campos de internamiento en Georgia y Utah, donde estuvieron confinados hasta después de que se firmara un armisticio entre los Aliados y Alemania en noviembre de 1918.
Dos décadas después, el presidente Franklin D. Roosevelt utilizó notoriamente la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1941, Roosevelt autorizó restricciones especiales para los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en Estados Unidos. Más de 30.000 de estos ciudadanos extranjeros, incluidos refugiados judíos de Alemania, pasaron la guerra presos en campos de internamiento porque el gobierno los consideraba potencialmente peligrosos. El gobierno estadounidense liberó a estos detenidos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial.
La gran mayoría de los 110.000 hombres, mujeres y niños estadounidenses de origen japonés internados durante la guerra no fueron detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. El gobierno utilizó una orden ejecutiva independiente durante la Segunda Guerra Mundial para internar a la mayoría de las personas de ascendencia japonesa, algunas de las cuales habían nacido en Estados Unidos.
Lo que es muy viejo se vuelve nuevo otra vez
Los grupos defensores de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes se han comprometido a contraatacar presentando impugnaciones legales si Trump sigue adelante con sus planes de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros por cuarta vez en la historia de Estados Unidos.
El texto y la historia de la Ley de Enemigos Extranjeros presentan formidables obstáculos legales para la administración Trump.
La ley de 1798 es clara en que una “invasión o incursión depredadora” debe ser realizada por una “nación o gobierno extranjero” para que pueda invocarse.
Sin embargo, el Congreso no ha declarado la guerra a ningún país en más de 80 años, ni ningún otro gobierno ha lanzado una invasión contra territorio estadounidense. Y los cárteles de la droga no son gobiernos nacionales reales que gobiernan los países latinoamericanos, por lo que no cumplen los criterios de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Mientras tanto, los asesores principales de Trump dicen, sin pruebas claras, que el gobierno puede afirmar con justicia que algunos gobiernos latinoamericanos, como México y Venezuela, están dirigidos por cárteles de la droga que están atacando la seguridad estadounidense. Estos funcionarios también sostienen que estas organizaciones criminales están lanzando invasiones de narcóticos y migrantes no autorizados con la aprobación del Estado.
Cualquiera que sea el argumento, el tenaz problema que enfrentará la administración Trump es que ni la letra de la ley ni los precedentes históricos respaldan el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz.
Sin embargo, ninguna de estas realidades textuales e históricas importará si los tribunales deciden no intervenir con el argumento de que el simple hecho de que un presidente diga que el país está siendo invadido por una nación extranjera es suficiente y no está sujeto a revisión judicial.
Esta posibilidad hace imposible descartar automáticamente los proyectos de ley del siglo XVIII, por dudosos que sean. Si Trump logra invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, añadiría otro capítulo a la sórdida historia de esa ley.