La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista (FSLN) ratificó una reforma a la Constitución Política que permite despojar de la nacionalidad a todo nicaragüense que sea sentenciado por “traición a la patria”. Durante el vergonzoso acto realizado el 18 de enero, Gustavo Porras, quien arbitrariamente ocupa la posición de presidente del poder legislativo, dijo que esa reforma se aprobó en “conmemoración del 157 aniversario del nacimiento de Rubén Darío”, el máximo exponente de nuestra cultura.
Paradójicamente, el Príncipe de las Letras Castellanas vivió la mayor parte de su vida fuera de Nicaragua, precisamente porque los gobiernos de la época no supieron reconocer su talento y, en vida, no encontró en su país de origen el respaldo que sí le dieron otras naciones. Hoy en día, varios países de América, al igual que España, sienten a Darío como propio. Darío ejemplifica la tragedia de millones de nicaragüenses a lo largo de nuestra historia, pero a la vez el amor que se siente por la patria en la que a muchos se nos impide vivir. Hemos tenido que construir proyectos de vida en otras tierras, sin romper el cordón umbilical con Nicaragua. Así como Darío nos enriqueció culturalmente con su obra mayoritariamente escrita desde el extranjero, la mayor proporción del ingreso nacional es el resultado de las remesas.
Si bien el exilio ha sido una situación dolorosamente común, la actual dictadura sandinista de Daniel Ortega, ha llevado el desplazamiento forzado a niveles sin precedentes. Más del 10 por ciento de la población ha tenido que salir del país desde el año 2018. Solo en la vecina Costa Rica se han presentado casi 230 mil solicitudes de refugio en los últimos cinco años.
La práctica más extrema de destierro ha sido la deportación de 222 expresos políticos en febrero del año pasado, que además fuimos declarados apátridas junto a otros 94 opositores más. Poco le importó al régimen que la deportación es inaplicable en estos casos, ya que es una figura jurídica dispuesta solo para ciertos casos de ciudadanos extranjeros. Esa es una aberración jurídica que la dictadura sigue implementando, como también lo hizo con los sacerdotes desterrados recientemente. Además, miles de nicaragüenses en el exilio están en situación de apatridia de facto, al habérseles negado un pasaporte o por impedirles reingresar al país.
En la antigua Roma, el destierro era una condena que solo era superada por la pena de muerte. La palabra “exilio” tiene su origen en el latín, que significa “ser desterrado”. La frase Exsilium est beneficium, era una afirmación sarcástica para hacer referencia a la oportunidad del desterrado de seguir con vida. El destierro fue un método para deshacerse de opositores a quienes los sistemas totalitarios consideraban políticamente muy costoso desaparecer. Aún en esos regímenes, el despojo de la nacionalidad fue casi siempre un procedimiento de hecho, raramente consignado explícitamente en una ley.
La comunidad internacional conoció con asombro, cómo esta práctica casi desaparecida en el mundo occidental, se reeditó en Nicaragua. La decisión de declarar apátridas a cientos de nicaragüenses resuena ominosamente como la Alemania nazi con las Nüremberge Gesetze de 1935, o los actos de Unión Soviética estalinista, Camboya bajo los Jemeres Rojos, Myanmar o Rumania bajo Ceaușescu.
La apatridia aún afecta a millones en todo el mundo, emergiendo de factores como la discriminación política, étnica, o religiosa. Las consecuencias son devastadoras: limitaciones para trabajar, viajar, y ejercer derechos civiles y políticos. Constituye además una violencia psicológica y emocional al romper lazos familiares y comunitarios.
La Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual el Estado de Nicaragua es parte, establece normas para el no retiro de la nacionalidad. La reforma constitucional de Nicaragua viola el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la propia norma constitucional que establece el derecho a la nacionalidad que, a su vez, es irrenunciable.
Mientras Ortega y sus seguidores intentan socavar la identidad de los nicaragüenses, recordemos que nuestra nacionalidad es irrevocable y que esta ley injusta será derogada cuando la democracia y la libertad vuelvan a Nicaragua.