En el Edificio del Tesoro, en Washington se lee: “La eterna vigilancia, es el precio de la libertad”. En la Constitución de Estados Unidos, es relevante el derecho ciudadano a armarse, para defenderse, ante el riesgo de un posible tirano; o, un rey. De allí que, siendo una sociedad donde la confianza es el valor principal, que facilita la operación de los grupos en que se divide; para hacerla posible, es necesaria la claridad de las acciones, vigilando a políticos y gobernantes.
El concepto que los gobernantes son superiores, honrados; y que, por ello, deben ser respetados; y dejar que hagan lo que a ellos les parezca, nunca fue manejado por los fundadores de la Unión Americana. Desde el principio, tuvieron claro que los políticos son todos mentirosos, -unos más que otros-; y que, por ello, había que desconfiar de sus palabras, vigilando sus actos. El concepto que los funcionarios deben rendir cuentas, aunque fue práctica de la Colonia Española, los políticos independistas latinoamericanos, la pasaron por alto, porque cada uno de ellos, con las excepciones inevitables, quería ser más caudillo, que gobernante democrático.
En Honduras, desde el 3 de octubre del 1963, hemos probado todas las propuestas que los políticos han presentado. Tanto los civiles, como los militares, han hecho planteamientos; y ejercido sus mandatos. Al final, la democracia sigue maltrecha y, enfermiza. Los resultados económicos, en términos de bienestar, son muy discretos. Se ha fortalecido el gobierno, en una velocidad escandalosa. Las fuerzas económicas no han podido encontrar el modelo capitalista necesario para lograr sus objetivos. Los partidos políticos, no han querido dejar de ser pandillas perfectas para asaltar el presupuesto, colocar a sus parciales para que no trabajen nunca; y permitirle a sus familiares y amigos, el derecho de sucesión.
La pobreza, ha aumentado mucho; y la miseria nos golpea la cara, mientras los gobernantes viven como si fueran príncipes del primer mundo. Y en el fondo, la Constitución de 1982, es usada como excusa y bandera que disimula las mentiras de los políticos dirigidas a una población que, por defectos del sistema educativo, no tiene capacidad para relacionar, -en términos de causa y efecto-, el escaso desarrollo capitalista, las debilidades democráticas y la corruptela de los caudillos políticos, como responsables de sus males y sus desgracias.
Ante las críticas de algunos intelectuales y la inconformidad de miembros de la población que se han rebelado en contra del sistema de ingratitudes actuales, los burócratas y los políticos han salido a romperse las vestiduras, exaltando sus compromisos constitucionales; ratificando que habrá elecciones; y que, las Fuerzas Armadas defenderán el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes, en plena libertad. “Mel” Zelaya, el político civil que con Suazo Córdova ha atentado contra la Constitución de 1982, ha dicho que respetará la Constitución; y que, los miembros de su dinastía familiar son respetuosas de la ley, por lo que ninguno buscará ser candidato presidencial. Julio Navarro ha mostrado el calendario electoral. Roosevelt Hernández, expresado que ellos como soldados, garantizarán la sucesión presidencial. Pero ante la duda colectiva, el más grande expresidente de la historia, ha reclamado porque algunos no creemos en esas promesas. Y, pedido que debemos confiar en las declaraciones de las autoridades. Es legitima su crítica. Él, es de los que creen que los presidentes, siempre son confiables, porque su palabra es la ley. Lo máximo.
Pero los ciudadanos, no debemos confiarnos. Nunca. La vigilancia es el precio de la libertad. Mantener el “arma” bajo la cama, para defendernos de los tiranos y sus mentiras, es un imperativo ante los que, en el curso de la historia, han engañado a los hondureños. “Mel” Zelaya, con la “cuarta urna”, amenazo la Constitución de 1982. Julio Navarro es un burócrata, obediente y deliberante. Hernández, un político uniformado como todos. Osvaldo López Arellano, el 28 de septiembre de 1963, negó ante la prensa internacional que las Fuerzas Armadas derribarían a Villeda Morales. El 3 de octubre siguiente, descubrimos que mentía. Los guardias civiles que murieron esa madrugada, todavía reclaman que se registren sus nombres, siquiera.
Siendo los políticos mentirosos, la alternativa que queda es obligarlos a que cumplan sus palabras. Y para ello, desde la duda metódica, hay que vigilarlos y controlarnos. Es el precio de la libertad y la democracia.