La inmensa mayoría de los prisioneros políticos de los regímenes castrochavistas son jóvenes, en ocasiones, adolescentes, que empezando prácticamente a vivir asumen con plena conciencia la estrofa del himno nacional de Cuba que clama: “En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido”.
Los déspotas, sin importar ideología o procedencia, odian profundamente a sus congéneres, pero hay dos sectores de la sociedad a los que desprecian profundamente, la juventud y los periodistas.
A la juventud, porque conocen la amplia disposición a correr riesgos en esa etapa de la vida. Los jóvenes pocas veces evalúan adecuadamente el peligro y eso es probablemente lo que haga tan mágica e inolvidables ese periodo de nuestra existencia.
Hay una fuerte tendencia a correr riesgos, a defender los ideales solo con palabras y piedras, aunque sus enemigos disfruten el tableteo de las ametralladoras como el asesino en serie Ernesto “Che” Guevara.
Las cárceles de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia están atestadas de prisioneros por el honorable delito de reclamar justamente los derechos ciudadanos de ellos y de todo el país.
En la patria del Libertador Simón Bolívar, el déspota de Nicolás Maduro encarceló a cerca de un centenar de jóvenes entre 13 y 17 años por oponerse al fraude electoral. Estos adolescentes fueron excarcelados con fuertes restricciones a sus derechos.
Nicaragua no se queda atrás. Según una nota del Diario LA PRENSA en mayo de este año de los 138 prisioneros políticos, 66 estaban en las edades de entre 15 y 39 años, el caso de Bolivia es aún más trágico, otro Estado autocrático que no se reconoce como tal, sus prisioneros políticos, jóvenes o mayores, apenas están documentados.
Sin embargo, en Cuba, el único país del hemisferio donde impera el Socialismo Real, hay 1119 prisioneros políticos según Prissoners Defenders, en su mayoría jóvenes, algunos condenados a cadena perpetua por intento ilegal de salida del país y otros por participar en protestas populares.
La situación de los periodistas bajo estos regímenes de fuerza es peor que la que padecieron durante los regímenes militares que ensombrecen la historia del hemisferio.
Los autócratas del castrochavismo gustan más que sus pares castrenses en censurar e intimidar a los periodistas y los medios, con el objetivo final de imponer una censura permanente hasta lograr la situación ideal de que los comunicadores se autocensuren.
El control o ausencia de libertades de expresión e información, es una práctica casi constante en los países del castrochavismo, siendo de nuevo Cuba, la excepción, porque en ese país todos los medios fueron confiscados en 1961, y sesenta y tres años después permanecen bajo el control absoluto del gobierno.
Los gobernantes de estos países son censores de oficio, motivo por el cual prestan a los medios una particular atención, ya que rechazan admitir que se divulgue información que refute la oficial.
La situación de Cuba es muy singular. La censura en la isla es total. Los medios están controlados y los periodistas de esas entidades hay que calificarlos de oficiales, porque no tienen la potestad de investigar o elaborar un trabajo que no haya sido previamente sometido a la censura, de ahí que en la isla de los Castro haya surgido un periodismo independiente que implica grandes riesgos para los hombres y mujeres que lo practican.
En Venezuela, Nicaragua y Bolivia la independencia de los medios de información ha sido severamente restringida, al extremo que en la práctica es inexistente.
Nicolás Maduro, imitando una disposición sobre la prensa emitida por la dictadura cubana en 1999, Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, con el objetivo “de prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos”.
Si la Ley 88 de Castro dio fundamento para la tristemente famosa Primavera Negra de Cuba, en la que fueron arrestados, entre otros activistas, decenas de periodistas independientes, el Cesppa de Maduro ya presta servicios invalorables al déspota venezolano, así como una ley del régimen de Ortega-Murillo, que después de controlar los medios de prensa tradicionales como el insigne Diario LA PRENSA, dispone en su arsenal de legislaciones que pretenden manipular a su antojo la internet.
