En la tierra de lagos y volcanes, la justicia se tuerce bajo el peso de la doble moral de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo: expulsa a los justos y acoge en su seno a los injustos, trazando una línea difusa entre lo que es un legítimo refugio y lo que es una guarida de fugitivos de la justicia.
Cuando Ortega acoge a extranjeros corruptos, que se han enriquecido por el robo del patrimonio de sus pueblos, planta una semilla más de injusticia que crece en un árbol de impunidad, oscureciendo el futuro de nuestra propia gente. Le hace un daño severo y quizás irreparable, a la integridad moral de la nación nicaragüense.
Los Ortega-Murillo se burlan además del principio jurídico de refugio y asilo político. Este derecho está reconocido en varios instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 14) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, junto con su Protocolo de 1967. Estos tratados establecen el marco legal para la protección de los refugiados y los criterios para otorgar asilo político. En la jerga nicaragüense, podemos decir que los Ortega-Murillo han “vulgareado” el concepto de asilo político.
Ya son tres los expresidentes centroamericanos acusados e incluso juzgados por corrupción bajo un debido proceso, que han recibido protección del dictador en Nicaragua: Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y más recientemente Ricardo Matinelli. En estricto apego al derecho internacional, ninguno de estos tres casos debería ser considerados perseguidos políticos.
El asilo político, es una figura jurídica internacional que permite a una persona que teme ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, solicitar protección en otro país. Los tratados internacionales no cubren casos de legítimas investigaciones en materia de corrupción. Por el contrario, más bien la obligación de los estados es la de cooperar internacionalmente en las investigaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Daniel Ortega incluso ha optado por la vía de otorgar nacionalidad nicaragüense a prófugos de la justicia, como son los casos de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Este último se encuentra bajo una orden de arresto después de que la Fiscalía de su país lo acusara de desfalcar fondos estatales en un fraude de más de 350 millones de dólares, cuando Sánchez Cerén ocupaba el cargo de vicepresidente durante el mandato de Mauricio Funes.
La reciente decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de ofrecer asilo político al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, pone de relieve la persistencia de una política de refugio para individuos acusados de graves delitos, y además dibuja un retrato de la degradación ética y moral del régimen sandinista. Bajo Ortega, Nicaragua es el espejo roto de la justicia, reflejando la sombra de criminales en lugar de la luz de la verdad y la moralidad. Al ofrecer refugio a los perseguidos por la ley, Ortega no solo traiciona a los nicaragüenses, sino que mancha la dignidad de toda una nación con la tinta indeleble de la complicidad criminal.
Ortega es, en efecto, un vendepatria. La práctica de otorgar protección a personas buscadas por la justicia, a cambio de prebendas, no es nueva en el historial del Frente Sandinista (FSLN). Durante la década de los ochenta, Nicaragua se convirtió en un refugio para criminales internacionales, incluidos los narcotraficantes colombianos Pablo Escobar y Carlos Lehder. El mismo Lehder explica en sus memorias como el entonces ministro del Interior Tomás Borge, los hospedaba en Nicaragua a cambio de un pago, como si el país entero fuera un motel de paso.
De igual forma, desde 1983 el FSLN acogió al terrorista internacional Alessio Casimirri, quien era miembro de las Brigadas Rojas, y hasta hoy es buscado por la justicia europea por el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.
La lista de protegidos del FSLN es larga e incluye a familiares del dictador Muamar Gadafi, como es el caso de Mohamed Farrara Lashtar. El historial del FSLN facilitando que criminales tengan acceso a pasaportes nicaragüenses es tan grave, que durante el primer atentado terrorista al World Trade Center el 26 de febrero de 1993, se encontraron cinco pasaportes nicaragüenses en posesión de los implicados Ibrahim Ilgabrowny y El Sayyid Nosair. Nunca quedó totalmente claro si esos documentos eran o no parte de los 900 pasaportes nicaragüenses entregados por el FSLN a personas de origen árabe entre febrero y abril de 1990.
La práctica de Ortega de ofrecer santuario a terroristas o a figuras corruptas y criminales ha continuado hasta nuestros días. Este comportamiento recurrente de Ortega contradice frontalmente los principios fundamentales de justicia y el imperio de la ley.
Los gobiernos, en esencia, deben proteger y servir a sus ciudadanos, y albergar a individuos acusados de crímenes graves va en contra de esta responsabilidad primordial. Además, desde una perspectiva de derecho internacional, esta práctica nociva viola los principios de cooperación entre Estados y el deber de rendir cuentas, fomentando un ambiente de impunidad y debilitando la confianza en el sistema judicial internacional.
Lo que resulta particularmente irónico es la disposición de Ortega a despojar de la nacionalidad nicaragüense a figuras nacionales destacadas bajo pretextos arbitrarios, mientras simultáneamente ofrece refugio y hasta la nacionalidad a individuos con historiales criminales comprobados. Esto no solo es una afrenta a los nicaragüenses decentes, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad que daña el tejido mismo de la justicia y la igualdad ante la ley. Esa es la más amarga de las ironías: destierra a sus hijos nobles, despojándolos de su patria, mientras abre sus brazos a los criminales del mundo, en un grotesco baile de doble moral.
Es fundamental que la comunidad internacional reconozca y responda a estas acciones, no solo para presionar a Ortega, sino también para proteger la integridad de la justicia internacional. La decisión de Ortega de convertir a Nicaragua en un santuario para criminales pone en peligro no solo la estabilidad de la región, sino también el principio de justicia universal.
