Al menos $5 millones provenientes de recursos públicos habrían sido utilizados para financiar operaciones represivas en Nicaragua durante la crisis política de 2018, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas que analiza la estructura de financiamiento detrás de la persecución contra opositores.
El dato aparece en el “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documenta cómo recursos estatales habrían sido desviados para sostener operaciones de seguridad y represión política.
De acuerdo con la investigación, al menos 5 millones de dólares fueron canalizados para financiar grupos armados progubernamentales y operativos de seguridad durante la respuesta del gobierno a las protestas que estallaron en abril de 2018.
Los expertos señalan que parte de esos fondos provenía de presupuestos públicos originalmente destinados a programas sociales, gastos operativos del Estado y proyectos municipales.
El informe sostiene que estos recursos fueron utilizados para apoyar estructuras paralelas vinculadas al partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que participaron en operativos de control y represión contra manifestantes.
Operación limpieza
Entre las acciones financiadas con esos fondos se incluye el operativo conocido como “Operación Limpieza”, una campaña de seguridad desplegada en varias ciudades para desmontar barricadas levantadas durante las protestas.
Los investigadores consideran que el uso de recursos públicos para financiar estas operaciones constituye un ejemplo de corrupción institucional vinculada a graves violaciones de derechos humanos.
Para el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, este esquema evidencia cómo la represión en Nicaragua no fue improvisada, sino que se sostuvo a través de una estructura organizada que combinó financiamiento estatal, instituciones de seguridad y redes partidarias.
